El Gobierno pretende, una vez más, establecer limitaciones y controles a la propiedad privada, y expresó que en los últimos años este tipo de normativas sólo han empeorado la situación de viviendas en el país, asegura el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, al rechazar la resolución N° 061 del ministerio de Vivienda y Hábitat en la Gaceta N° 40.186 , por considerarla “un nuevo ataque frontal contra la propiedad privada”.
En efecto, la resolución del Minvih establece que los inmuebles para vivienda de los urbanismos intervenidos o expropiados, sólo podrán ser vendidos a la Inmobiliaria Nacional, S.A., en los primeros cinco años, contados a partir de la fecha de protocolización del documento definitivo de venta.
Martini Pietri advierte que esta resolución afecta, a más de 18 mil inmuebles repartidos en todo el territorio nacional que en años anteriores fueron intervenidos o expropiados por el gobierno, y que ahora, debido a esa resolución, sólo podrán ser vendidos a la empresa estatal Inmobiliaria Nacional, con un precio fijado por el propio gobierno, durante los siguientes 5 años.
-Supongamos que usted compró un inmueble y que ese inmueble está valorado en una determinada cantidad de bolívares, y entonces el Ministerio interviene la obra y te dice que sólo vas a poder vender tu propiedad al gobierno, y a un precio que ellos establezcan. ¿Es esto o no una violación del principio constitucional de propiedad privada que está expresado en el artículo 115 de la Carta Magna? Sí, lo es, porque el artículo constitucional habla de la capacidad de disponer de los bienes, explicó.
Aclaró asimismo, que cuando esas viviendas fueron expropiadas por el Gobierno, con el argumento de una supuesta estafa inmobiliaria, nunca apareció ninguna sentencia que comprobara que los promotores de viviendas habían incurrido en un ilícito.
-Aquí ha sucedido una acción irregular y violatoria de la propiedad tras otra. Primero el Gobierno expropió edificios alegando estafa inmobiliaria y nunca probó esas acusaciones, y ahora a las familias que compraron esas casas y esos apartamentos también les afectan sus derechos, porque los forzarán a vender al gobierno a un precio inferior al valor del mercado, precisó.
Revisar desarrollos expropiados
Martini Pietri hace un llamado a que se haga una revisión imparcial de los desarrollos urbanísticos que fueron expropiados y cuyos promotores nunca recibieron pago justo por los bienes que habían producido, ni tampoco compensación por los daños morales de ser acusados de estafadores sin pruebas. Asimismo llamó a la sociedad civil a involucrarse y a defender el derecho de propiedad de todos los ciudadanos venezolanos en las instancias donde ese derecho sea afectado.
-Es hora de ser solidarios entre los venezolanos, entender que el patrimonio de una familia es su fuente de riqueza, su sostén para el futuro, y el Gobierno cada día más quiere controlar y amarrar ese derecho.
¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el propósito final de este tipo de regulaciones? Las normativas anteriores, como la Ley de Arrendamiento, que centralizó todos los alquileres en un solo organismo gubernamental, han dado resultados negativos, dijo el dirigente gremial.
Dificultades en Misión Vivienda
Por otra parte, Martini Pietri lamentó que los últimos datos revelan que Misión Vivienda disminuyó su ritmo de producción en lo que va de 2013 e indicó que esta situación se presenta por las continuas fallas en materia prima, más otras circunstancias como la devaluación y la inflación, que generan un cuadro adverso para cualquier actividad económica.
-¿Cómo es posible que el Gobierno expropió las cementeras y hoy tenemos que importar cemento? Si hablamos de otras empresas básicas, como Sidor, nos enfrentamos con problemas similares, son empresas manejadas por el gobierno central a través de sus ministerios que no han podido satisfacer la demanda interna de la Misión Vivienda y mucho menos del sector privado, dijo el líder inmobiliario.
