Dictamen
La grabación presentada por el diputado Juan Carlos Caldera sobre la espeluznante conversación entre Heliodoro Quintero y el empresario chavista Wilmer Ruperti, revela datos claves para entender la realidad política que parece ya abrumarnos. En primer lugar queda claro que la persecución contra el diputado de Primero Justicia respondió a una componenda premeditada que terminó convirtiéndose en un escándalo con fines electorales en el marco de la campaña presidencial del año pasado.
Pero más allá de la opinión que se tenga sobre la acción original de Juan Carlos Caldera, todos debemos reconocer al menos su valentía y entereza por haber admitido todo, revelando desde el principio toda la información relacionada con el caso y poniéndose a la orden de las instituciones a pesar de su parcialidad. Además insistimos que desde el punto de vista jurídico no es delito recibir fondos privados para la acción social y política, y el deber de declarar los recursos utilizados en la campaña se circunscribe únicamente al lapso formal regulado por el CNE. Ni las primarias ni la acción diaria de los partidos cuentan con un marco regulatorio al respecto, luego de que la Constitución de 1999 eliminara la asignación de fondos públicos a las organizaciones políticas según su votación. Lo que sí está plenamente establecido como delito de corrupción en Venezuela es el uso de dinero público y bienes del Estado en beneficio de un partido específico y sus candidatos. Algo que impunemente hace el PSUV todos los días. La corrupción es un delito que se comete desde el gobierno y no desde la oposición, así que los que tendrían que rendirle cuenta a la justicia (si existiera) son todos estos enchufados que tienen quince años chupándose los dólares de PDVSA sin ningún tipo de control, como bien admite ya Mario Silva. Actualmente el dinero del pueblo venezolano se usa para financiar y favorecer al partido de Gobierno; y esa sí es la gran estafa e injusticia que hay que combatir.
Pero lo nuevo e interesante aquí es que nadie negó la grabación difundida. Es más, voceros del Gobierno incluyendo a Maduro la dieron por cierta públicamente. Ellos insisten que la grabación incrimina aún más a Caldera, pero no advierten que todos los delitos que se le indilgan al diputado incriminarían directamente al empresario chavista, a quien por cierto no se atreven ni a nombrar, como si fuera una especie de Voldemort de la política venezolana. Y no es para menos, Wilmer Ruperti es un magnate boliburgués dueño de un canal de televisión de señal abierta y contratista de Pdvesa, que recibió de parte del propio Hugo Chávez la Orden Libertador por sus “servicios a la patria”. Además este empresario le regaló a Chávez unas pistolas de Simón Bolívar adquiridas en una subasta por casi 2 millones de dólares. Así fue informado el año pasado en cadena nacional por el propio “Comandante Supremo” durante la conmemoración del natalicio del Libertador, mientras manoseaba el juguetico recibido.
La lógica es aplastante: Si recibir 20 mil bolívares de parte de Ruperti es corrupción, entonces recibir un regalo de millones de dólares de parte del mismo personaje sería un escándalo. Por cierto, ¿Dónde reposan esas pistolas? Nos imaginamos que estarán exhibidas en el Mausoleo y no engavetadas en la casa de María Gabriela.
El año pasado personalmente solicité en la Fiscalía que se investigue a este empresario en el marco de la denuncia que diputados del PSUV habían introducido solo contra Juan Carlo Caldera sin mencionar siquiera al donador del dinero. No pueden condenar al diputado opositor sin condenar también a Ruperti y a todos los que hayan recibido dinero o favores de su parte incluyendo a funcionarios de este Gobierno. La grabación presentada termina de destapar la olla por lo que debe investigarse también la legalidad de la donación de las pistolas, así como la aseveración del empresario chavista en cuanto al sobreprecio de más de 300% en los fletes contratados por PDVSA. Y eso es algo que Ruperti maneja con propiedad, ya que es dueño de Global Ship Management, empresa líder en el transporte petrolero venezolano. Nos imaginamos que ya la Fiscal está preparando la imputación contra el empresario, mientras que el paladín contra la corrupción Pedro Carreño debe estar preparando su agenda para la interpelación de Ruperti en la AN. ¿O no? Les salió el tiro por la culata de las pistolas de Bolívar.
Caso cerrado, el dictamen final lo tiene usted.
Twitter: @chatoguedez
