Imposible no referirme hoy al ya largo, doloroso y tormentoso conflicto universitario.Ya no estoy activo como profesor, estoy jubilado, y desde esta perspectiva externa y desde mi ánimo que nunca se ha alejado ni ha sido indiferente al destino de la Universidad y aunque sin mucho detalle de lo que está ocurriendo, me atrevo a referirme a este lamentable conflicto. Me duele ver cerrada la universidad. No es la primera vez que un conflicto afecta tan gravemente la vida de una institución fundamental de toda sociedad, pero sí es la primera vez que en un conflicto de esta naturaleza, percibo el intento, ya no tan disimulado, del régimen de someter a sus intereses y a su proyecto político a la universidad venezolana y para ello está utilizando el chantaje del ahogo económico de nuestras casas de estudio.Eso es un crimen. Recurso, por cierto, que el régimen utilizacon excesiva frecuencia y en toda circunstancia, incluso con países amigos y hermanos del continente.
Recuerdo, hace ya muchos años, entonces comenzaba yo como profesor en la UCLA, haber visto sufrir al recordado ministro de educación, Enrique Pérez Olivares, por un conflicto universitario en puertas que él deseaba evitar. Instaba a quienes nos conocía por afinidad ideológica, a oír a todos los sectores de la universidad y a arbitrar acuerdos para no producirle daños a la institución. El conflicto en puertas logró superarse con rapidez. Creo que elpropósito del actual gobierno, si se puede llamar gobierno, es todo lo contrario a la de aquella oportunidad, hoy la intención gubernamental parece que es agravar el conflicto y aplastar a todo el que no piense como él y aplastar también la legítima representación de los profesores universitarios y demás sectores gremiales.Pareciera decir: “Yo hablo con quienes quiero hablar y no con quienes representan a los profesores y demás trabajadores universitarios.” Pareciera que la representación la otorga el gobierno y para ello se vale de una suerte de mesas de trabajo y de escenarios artificiales, a los cuales acuden sus corifeos de siempre a aprobar acuerdos ya cocinados por el propio gobierno. No conozco al ministro Calzadilla, me habían hablado muy bien de él, incluso de su carácter conciliador yde su condición de meritorio profesor universitario, pero como ya es típico en este régimen, parece que hay una fuerza extraña al propio pensamiento de cada quien, que los hace actuar de una manera diferente a lo que piensan. Qué tristeza.
Para el momento de escribir estas líneas las noticias que están vigentes son las que dan cuenta de que “profesores universitarios financian con su sueldo la educación superior”. “Estudiantes de la UCLA inician huelga de hambre”. Ya hay varios estudiantes de otras universidades en huelga de hambre. “Se inicia una caminata desde Barquisimeto hacia Caracas, por la dignidad universitaria”. Y lasvalientes declaraciones de la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de la FAPUV,en las que afirma algo muy sabido pero que es bueno recordar para no aletargarnos: “Venezuela sufre las consecuencias de un gobierno totalitario”. La profesora Ramírez de Viloria en sus declaraciones denuncia también la pretensión del régimen de que los trabajos de ascenso de los profesores sean evaluados por las comunas, Dios mío qué absurdo, y recuerda que las normas que rigen las relaciones socioeconómicas entre los profesores universitarios y el gobierno son las llamadas normas de homologación, firmadas durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campíns, según las cuales los sueldos de los profesores universitarios se revisarían periódicamente para ajustarlos al índice inflacionario del B.C.V. Digo yo ahora, si se van a aplicar otros criterios, deben ser mejores y adoptarse de común acuerdo entre las partes, pues en materia laboral no puede cambiarse un régimen para desmejorar a los trabajadores, sino para mejorarlos.
Me han informado que las normas de homologación fueron declaradas ilegales por el TSJ, pero, repito, las normas que las sustituyan deben crear mejores condiciones de trabajo para los profesores universitarios y no desmejorarlas.La sentencia señala que en materia laboral habrá un solo tratamiento para toda la Administración Pública, por lo que los profesores universitarios, deben someterse a ese status único del sector público. No entiendo entonces la razón, o mejor dicho, sí la entiendo, de que al sector militar, siendo también parte de la Administración Pública, se le conceda un tratamiento privilegiado en sus sueldos y beneficios socioeconómicos y a los profesores universitarios se les niegue toda posibilidad de vivir mejor. Aquellos tendrán las armas para el combate físico, pero estos tienen las armas del intelecto, de la cultura, de la civilidad y de la búsqueda de la verdad para construir un país desarrollado y moderno. Merecen más.
