A través de un comunicado público, el ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, invitó a todos los gremios a rectificar en el curso de sus acciones y restablezcan de manera inmediata las actividades académicas en todas las casas de estudio del país.
«Exhortamos a las organizaciones gremiales a rectificar el curso de sus acciones y a respaldar las discusiones actualmente en curso. Invitamos a las y los trabajadores universitarios docentes, administrativos y obreros a mantenerse en sus puestos de trabajo para garantizar el derecho a la educación, y a las autoridades universitarias a cumplir con su función de garantes de los derechos constitucionales de las y los estudiantes. Es indispensable el compromiso de todas y todos para que la culminación de los períodos de estudio no sea afectada. Las instituciones universitarias tienen que ser espacios de paz, diálogo, tolerancia y convivencia democrática», indicó.
Afirmó que el gobierno nacional se encuentra abierto para discutir con todos los sectores que hacen vida dentro de la comunidad universitaria, siempre y cuando el diálogo sea sin presiones y con respeto mutuo.
«Reiteramos que la discusión sobre el mejoramiento de las condiciones laborales de todas y todos los trabajadores universitarios es materia de la reunión normativa laboral. Ya se han acordado mejoras significativas en beneficios sin incidencia y esta semana se presentará la propuesta salarial. Esta convención histórica significará también una nueva manera de tramitar y acordar las convenciones colectivas, apegados a los lineamientos dictados por el Presidente Nicolás Maduro, para garantizar el mejoramiento efectivo de las condiciones de vida de las y los trabajadores», puntualiza.
Por otra parte, criticó que la paralización de actividades de manera indefinida, ya que puede poner en riesgo la finalización de los períodos académicos.
«El anuncio de paralización de actividades por parte de algunos sectores de algunas universidades compromete la correcta finalización de períodos académicos para un importante número de estudiantes, violentando su derecho a la educación sin justificación alguna. El derecho a huelga supone el agotamiento de las vías de diálogo para superar las diferencias, en este caso las interrupciones de actividades han precedido a cualquier demanda y ha existido una continua negativa a reconocer los mecanismos legales legítimos», opinó.
También denunció que algunas representaciones sindicales y gremiales, han querido discutir una nueva convención colectiva fuera del marco legal vigente.
«Se ha argumentado que profesoras y profesores deben discutir amparados en las llamadas normas de homologación, promulgadas por el Consejo Nacional de Universidades en enero de 1982. Se ignora que estas normas han sido cuestionadas tanto por la Procuraduría General de la República como por sentencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia. Tales normas son contrarias al ordenamiento legal actual, pues otorgan al CNU la decisión unilateral sobre los términos de la relación laboral, y establecen la consulta a un solo organismo gremial. Además, la discusión de las condiciones de trabajo en un espacio distinto a la reunión normativa laboral está expresamente prohibida en el artículo 459 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras», dijo.
Finalmente indicó que «la reunión normativa laboral» ha avanzado significativamente en los acuerdos dirigidos a lograr la primera Convención colectiva unificada del sector universitario, en los aspectos referidos a la remuneración e incluirá decisiones en materia de vivienda, salud, turismo y recreación, educación para los hijos e hijas de los trabajadores, acceso a la alimentación y a bienes indispensables para garantizar la calidad de vida.
