La primera condición o elemento esencial de toda democracia es, sin lugar a dudas, el respeto y la garantía de la libertad y los derechos humanos, civiles y ciudadanos. No hay república sin ellos y menos todavía logra tener sentido el menos malo y muy antiguo de todos los sistemas políticos.
No por azar las construcciones constitucionales de la modernidad – que nos aportan las revoluciones libertarias de los siglo XVIII y XIX – la americana, la francesa, la gaditana, y también la venezolana – parten, todas a una, de una carta de derechos, antes de imaginar las formas de organización del poder público y político.
La Carta Democrática Interamericana (2001) – a la que tan poco afecto le tiene José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA, quizás por pequeñeces y recelos ante su predecesor quien la hizo posible, César Gaviria – dispone al efecto que la democracia es un “derecho humano” de los pueblos, que el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales es elemento esencial de la democracia, y que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo y la garantía cabal de éstos.
Ello explica que la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), dentro del rigor jurídico que la caracteriza, afirme – tal como lo confirma la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de San José – que su propósito de reconocer y garantizar los derechos humanos sólo es posible dentro de la democracia y sus instituciones; que la democracia es eje para la interpretación de los alcances de los derechos humanos; y que éstos sólo admiten como límites – sin que pueda verse menguados o disminuidos – las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática.
El debate sobre la democracia no cabe, pues, sin una referencia central a los derechos humanos y éstos, al considerarse sus violaciones o la pérdida de sus garantías institucionales, no admiten consideración fuera de una evaluación previa y contextual de la democracia, de sus fortalezas y debilidades, en los países donde ocurren aquéllas o ésta.
La Organización de los Estados Americanos celebró recién su nueva Asamblea General en Guatemala y aun cuando la domina, comolegítimapreocupación, el problema de las drogas y su tráfico transnacional – que deriva en verdadero crimen contra la Humanidad, a la vez que horada nuestras instituciones democráticas penetrándolas y pone en entredicho a los derechos humanos-madre: la vida, la integridad personal y el derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes – dentro de su agenda se ha planteado dos temas, por lo dicho, vertebrales: el seguimiento de la Carta Democrática Interamericana y la elección de nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Acerca de la droga, por cierto, y su activa relación con los movimientos narco-terroristas del Continente, no media ninguna resolución particular, salvo aquella – oportuna – que abona en favor de respetar los derechos humanos en la lucha de los Estados contra el terrorismo; que condena al terrorismo, pero que, paradójicamente plantea que las leyes que lo penalicen no se apliquen con carácter retroactivo; cosa que si ocurre al castigarse a quienes son señalados, por actuales gobernantes de la región, como terroristas de Estado y ex dictadores.
Lo que cabe destacar es que pasan por debajo de la mesa, sin consideración mayor ante la opinión pública, la resolución que fija como perspectiva para el entendimiento de la Carta Democrática la de orden promocional o educativo. Desaparece en aquella toda referencia a la seguridad colectiva de la democracia, que es tarea vertebral y fundamento del Sistema Interamericano. Menos se alude al tema de la elección de los Comisionados de Derechos Humanos, luego de la crisis a la que se vio sometida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por iniciativa de los gobierno del ALBA o adherentes al Socialismo del siglo XXI.
A la par de haber aspirado a su reelección dos comisionados probados en cuanto a su compromiso de imparcialidad y de vigilancia de los derechos humanos en las Américas – el mexicano José de Jesús Orozco – quien repite – y el colombiano Rodrigo Escobar Gil – aspiraron otros, entre éstos uno propuesto por el gobernante quien más se ha mostrado como acérrimo enemigo de la CIDH, Rafael Correa, y el otro, por Brasil, que postula a un militante de línea dura del Partido de los Trabajadores de Lula y coordinador de sus campañas electorales, siendo un evidente representante del Foro de San Pablo.
Autoridad moral – léase probidad, independencia de criterio, disposición a la imparcialidad, buena fe – y versación en derechos humanos, son exigencias inexcusables para ejercer como miembro de la Comisión o, con calidad añadida de jurista de elevada formación, para desempeñarse como Juez de la Corte Interamericana. Por lo visto, tales requisitos se encuentran hoy en entredicho.
