Integrantes de la Federación de Sindicatos de Profesores de Educación Superior, los Trabajadores Socialistas de la Educación y otros colectivos, rechazaron la convocatoria a paralización de actividades, por cuanto consideran que las reivindicaciones exigidas por el personal docente, administrativo y obrero de las universidades, no pueden ser tomadas como arma política para desestabilizar al Gobierno nacional.
Asimismo, rechazaron que la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), funja como representante gremial de los educadores cuando carece de cualidad jurídica para participar en cualquier discusión de normativa laboral o convención colectiva, porque a través de las normas de homologación ha discutido y establecido acuerdos laborales mediante actas convenio mas no convenciones colectivas.
“La Ley Orgánica del Trabajo es tácita y clara en ese sentido. Para poder discutir una convención colectiva se tiene que ser sindicato, o una federación de sindicatos, Fapuv es una federación de asociaciones civiles de profesores, por eso no tiene cualidad jurídica”, dijo Roberto Coronado, docente de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) y director nacional de Organización de la Federación de Sindicatos de Profesores de Educación Superior.
Mientras tanto, la Federación de Sindicatos de Profesores de Educación Superior y el resto de las organizaciones de carácter socialista que participan en la discusión contractual, representan a ciento diez sindicatos a nivel nacional y a las sesenta y siete instituciones de educación superior del país, al tiempo Fapuv sólo representa a las ocho universidades que apoyan la paralización.
Coronado también acusó a Fapuv de ser un actor político, al punto de apoyar el golpe de Estado del año 2002, contra el entonces presidente Hugo Chávez.
“¿Qué reivindicaciones nos ha dado durante todos estos años, aparte de dar declaraciones de prensa y decir que hace reclamos? Sobre todo cuando ellos saben que hay una sentencia del TSJ, según la cual no tienen cualidad jurídica para estar discutiendo las convenciones colectivas”.
