El Ministerio Público acusó a ocho hombres, presuntamente responsables de la muerte de cinco ciudadanos ocurrida en el Área Metropolitana de Caracas (AMC) y en los estados Sucre y Táchira, tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 15 de abril, luego de la elección presidencial.
En el caso conocido como “La Limonera”, los fiscales 55º del AMC y auxiliar, Miguel Hernández y Gabriela Barrera, respectivamente, acusaron a Carlos Omar Serrano López (36), por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de José Luis Ponce (45) y de Rosiris Reyes (44), hecho ocurrido en el municipio Baruta del estado Miranda.
Respecto a la muerte de Hender Bastardo Agreda (21), ocurrida en el sector La Morita de Cumanacoa, en el estado Sucre, los fiscales 41º nacional y 7º del primer circuito de esa jurisdicción, Franklin Nieves y Mariuska Gabaldón, respectivamente, acusaron a los hermanos José (23) y Rodrigo Hernández (25).
José Hernández fue acusado por homicidio intencional en perjuicio de Bastardo Agreda, y lesiones personales leves en relación con Álvaro Bastardo y Moisés Idrogo; todo en concurso real. También se le acusó por lesiones personales en perjuicio de un adolescente de 17 años.
Mientras que a su hermano, Rodrigo Hernández, quien es abogado, fue acusado por los mencionados delitos pero en grado de complicidad no necesaria.
Por otro lado, con ocasión a lo ocurrido en el municipio Córdova del estado Táchira, donde murió Henry Rangel La Rosa, las fiscales 4º y auxiliar de esa jurisdicción, Andreína Torres y María Inés Artahona, presentaron la acusación contra Jesús Antonio Galvis, Joel Antonio Contreras y José Omar León.
En ese sentido, Galvis fue acusado por presuntamente incurrir en el delito de homicidio calificado cometido con alevosía y motivos fútiles; mientras que Contreras y León fueron acusados por el referido delito pero en grado de facilitadores.
En Táchira también ocurrió la muerte por un impacto de bala del oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Keler Enrique Guevara, en el sector Santa Teresa del barrio Bolívar; por este caso fueron acusados Elberson Giovanny Díaz Galviz e Ibsen Jesús Colmenares Gómez, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivo fútil a titulo de complicidad correspectiva,
Igualmente, en los casos de las tres personas arrolladas en el Zulia y del ciudadano que murió por un impacto de bala en el pómulo en las adyacencias de la sede regional del Consejo Nacional Electoral de ese estado, los fiscales comisionados tienen adelantadas las investigaciones, por lo que se esperan resultados en el corto plazo.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha reiterado que todas las personas aprehendidas por las muertes ocurridas después del mencionado proceso electoral, han sido tratadas con respeto a los derechos humanos y se les han calificado delitos ordinarios consagrados en la legislación como delitos comunes.
La titular del Ministerio Público ha ratificado, en diversos pronunciamientos públicos, que la ciudadanía tiene el derecho a la protesta, tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero no debe ser ejercido de forma violenta tal como sucedió luego de la elección presidencial del pasado 14 de abril.
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