El Tribunal 24° de Municipio del Area Metropolitana de Caracas le ordenó a la presidenta de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), Lourdes Ramírez de Viloria, que le exija a los docentes de la UPEL deponer el paro que mantienen en protesta por reivindicaciones laborales.
La decisión es la respuesta a un recurso de amparo presentado ante esa instancia por tres estudiantes de la Universidad Pedagógica, quienes alegaron la presunta violación de su derecho al estudio.
«El día de hoy se llevó a cabo la audiencia oral y pública para discutir el referido amparo. El acto transcurrió ante una multitudinaria presencia de personas de todos los sectores de la actividad educativa, incluidos estudiantes, obreros y profesores, en soporte a la Federación y a mi persona, porque consideramos que se trata de un acto político», explicó la profesora.
De acuerdo con Ramírez, esta decisión judicial «política» se tomó bajo una sombra de irregularidades que arrojan una sombra sobre los criterios jurídicos utilizados. En primer lugar, aseguró que fue tomada en tiempo récord.
«El lunes 27 recibieron el amparo en el tribunal, el martes me notificaron y el jueves me llamaron para notificarme que la audiencia era hoy lunes», explico. Además, «según los abogados de la defensa estuvo mal redactada, y aun con todas las fallas lo admitieron y declararon a lugar».
A pesar del resultado, la presidenta de la Fapuv consideró que ha podido ser peor. «Suponíamos que esto era un acto político sin embargo salimos mejor librados de lo que esperábamos, porque los demandantes en su petitorio solicitaron cuatro aspectos fundamentales: declarar ilegal cualquier suspensión de actividades académicas o administrativas por parte de Fapuv; que la respectiva medida de amparo proteja al resto de los estudiantes del país, con base en la supuesta protección de derechos colectivos y difusos; que se sancionara a los profesores de la Upel que llevan adelante la paralización, y que la Federación convocara a una reunión de directiva para disolver el paro», señaló la profesora.
El tribunal solamente aprobó la última de las peticiones.
Sobre si acatará o no la sentencia judicial, Ramírez señaló que no le corresponde a ella definir esa respuesta, ya que, «así como son las bases las que deciden las acciones que toman para defender sus derechos, también estas definirán qué hacer».
Por lo pronto, «el próximo martes tenemos una nueva reunión de directiva para discutir esta decisión, y nuestros abogados estan trabajando en una apelación a la sentencia judicial», informó la presidenta de Fapuv.
