Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Lara, en compañía de la junta directiva del magisterio, se reunió en la sede de su conglomerado para hacer saber a los medios de comunicación, cuáles serían sus exigencias a partir de los próximos días.
En este sentido, Arroyo indicó que se ha elaborado un “plan de acción”, que iniciará con una concentración frente a la sede de la Zona Educativa del estado Lara, en el edificio Buría, el próximo jueves 6 de junio, para exigirle al nuevo representante de ese organismo que se reúna con los afectados y exponerle el caso. “Queremos el aumento salarial, pero ya”, indicó Arroyo, “hemos sufrido dos devaluaciones en lo que va de año y nosotros seguimos recibiendo el mismo salario, que está alrededor de 1.500 bolívares”.
En la concentración que está pauta para este jueves, Arroyo indicó que se hará una asamblea general con todos los docentes que dependen del Ministerio de Educación. “Hacemos un llamado a todos los sindicalistas afiliados para que acudan”. Además de esta actividad, Arroyo indicó que está previsto un ‘graffitazo’, clases magistrales, pedir el derecho de palabra en la sesión del Consejo Legislativo del estado Lara, en la Asamblea Nacional y, además una audiencia con la Vicepresidencia de la República, “donde entregaremos un documento explicando la situación actual del magisterio”.
ara el presidente de los docentes en el estado Lara, es necesario llevar a cabo la discusión del contrato colectivo en el máximo de 30 días, el cual está vencido desde mediados del mes pasado.
Por su parte, Edy Muñoz, secretario de trabajo y reclamo del colegio, especificó que, además del aumento salarial, las conversaciones con los organismos competentes y responsables de la situación actual de los agremiados, deberá resolver el problema que envuelve a los educadores quienes, desde el año 2000, no se les cancela el fideicomiso, están cobrando el bono alimentario con la unidad tributaria del año pasado y, cuando se hizo la adecuación, los educadores no recibieron los retroactivos de esta homologación.
Solventar el problema de algunos docentes integrales quienes no reciben su pago desde que iniciaron sus actividades.
“Más de 106 docentes que no han recibido su primer pago desde que prestan sus servicios”, la falta de clasificación de los docentes, trámite que no se lleva a cabo desde el año 2009, entre otras fallas. Agrega el presidente de este colegio en el estado Lara, que el incremento de horas trabajadas por parte de los docentes también será uno de los temas a tratar cuando el nuevo jefe de la Zona Educativa acceda a conversar. “José Vicente González Camejo (jefe de la Zona Educativa desde el mes de abril) fue presidente de este colegio, y sabe cuáles son los problemas que venimos padeciendo quienes ejercemos la docencia”.
Arroyo indicó que, de no ser escuchados por las autoridades, aplicarán las medidas que el actual jefe de la Zona Educativa invitaba a ejercer para hacer saber sus derechos, “acciones como la protesta de calle, que nos permita denunciar la ineficiencia de los organismos públicos”, expresó.
Por último, el representante de los docentes en la región explicó que solidarizarán la lucha que emprenderán con la de docentes universitarios quienes también exigen aumento salarial.
Sobre la Resolución 058
Por su parte, Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Lara, indicó que, posterior al fallo que se emanó desde el Tribunal Supremo de Justicia, sobre la aplicación de la Resolución 058, los docentes esperan que, desde los organismos del estado como la Zona Educativa, se respeten “el Ejercicio de la Profesión Docente”.
“Somos apegados a la ley, pero también queremos que los nuevos estatutos no contravengan los establecidos con anterioridad en la ley, y con el ejercicio de la profesión”, explicó Arroyo.
Por su parte, Javier Ramírez explicó la situación por la que atraviesan las personas que están jubiladas y aquellas que aún no reciben la pensión a través de los Seguros Sociales, el estado en el que se encuentran las instalaciones del Ipasme, donde los educadores aseguran que muchas de las medicinas que son pagadas por ellos a través de su trabajo, son usadas en actos políticos en los diferentes sectores populares del estado, mientras que existe la deficiencia en el centro de salud
