¿No meterse en política?

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, declaró recientemente que los empresarios “deben mantenerse al margen de actividades político partidistas”.
Si tal aseveración fuese emitida por los borrachos de la esquina no mereciera mayor atención pero, lastimosamente, proviene de quien se espera ecuanimidad y respeto a la Constitución de la República.
Ciertamente, sus cuestionables méritos para ser Vicepresidente se reducen a la relación sentimental con una de las hijas del fallecido ex presidente Hugo Chávez, pero bien podría intentar, parecer o simular algo cercano al profesionalismo con la sola lectura del artículo 20 de nuestra Constitución, que reza: “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.
Ser empresario, para su información, señor Vicepresidente, no es un delito. Es una actividad perfectamente legal y su ejercicio no implica el cese o limitación de los derechos civiles y políticos. De hecho, el ejercicio de la política, es decir, de la promoción de ideales en el marco de la democracia y la civilidad, no puede ser sometida a ninguna cortapisa. Nuestra Constitución, expresamente, indica que por ningún concepto puede aceptarse la discriminación entre venezolanos a razón de que somos todos iguales ante la ley. Si su excelencia, heredero de la Estirpe de Sabaneta, no tiene ninguna Constitución a la mano aquí se la cito:
Artículo 21 Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.
Pareciera existir una animadversión contra los empresarios, en tanto burgueses, que intenta ser disfrazada en una retorica socialista pero sus prácticas como Vicepresidente (y en general, de este gobierno) permite intuir que el origen de su fobia no en la aspiración de reivindicación social sino que constituye una proyección de la rivalidad dieciochesca entre la supuesta nobleza de su sangre y la burguesía emergente (mucha de ella nacida en el barrio pero exitosa a punta de trabajo). Vicepresidente, busque ayuda profesional. El resto de los ciudadanos no debe padecer sus complejos.