La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, juramentó a los coordinadores de las ocho subcomisiones que conforman la Comisión por la Justicia y la Verdad, encargada de investigar los homicidios, torturas, desapariciones y violaciones de derechos humanos por razones políticas ocurridos entre 1958 y 1998.
Durante el acto realizado este miércoles en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, Ortega Díaz, quien también es presidenta de la mencionada Comisión, estuvo acompañada por el subsecretario de la Asamblea Nacional, Víctor Clark; el diputado Fernando Soto Rojas y Aldemaro Barrios.
En la actividad, la titular del Ministerio Público juramentó a Elia Oliveros, Raquel Castro, Tarek William Saab y Antonio Arias como coordinadores de las subcomisiones de Participación del Poder Popular, Documentación y Testimonio, Información y divulgación, y Recepción de denuncias, respectivamente.
De igual modo, fueron juramentados Alejandro Bastardo, Matías Camuñas, Mónica Venegas y Marelis Pérez, como coordinadores de las subcomisiones de Asuntos jurídicos, Asuntos Sociales, Asuntos internacionales y Regiones, respectivamente.
En el marco del acto oficial, Ortega Díaz aseguró que los coordinadores e integrantes de cada una de las subcomisiones son los encargados de «rescatar la memoria histórica de los hechos abominables» que constituyeron violaciones de derechos humanos en esa etapa de 40 años y, en consecuencia, «dar una respuesta a la sociedad».
Además, durante el evento, se realizó en lanzamiento oficial del portal web www.comisionporlaverdad.org.ve, «donde los ciudadanos encontrarán informaciones, galerías de fotos, videos y sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) relacionadas con las violaciones de derechos humanos ocurridas en el referido período».
Al ofrecer un balance del trabajo de la Comisión, que fue creada el pasado mes de febrero por el entonces presidente encargado Nicolás Maduro, Ortega informó que solicitaron ante el Tribunal 8º de Control del estado Lara, realizar una prueba anticipada en el caso de las torturas ocasionadas a Reina de Malaver y, además, se requirió la exhumación de César Augusto Ríos, Reinaldo García y Augusto Leal.
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