El problema penitenciario no se resuelve con las medidas que ha tomado este Gobierno: liberando en forma indiscriminada a presos y clausurando cárceles, agravando además el problema de hacinamiento en otros establecimientos penitenciarios.
Al hacer la observación, el conocido abogado penalista y profesor universitario Alberto Arteaga, entrevistado por reporteros de EL IMPULSO, dijo que el reto del Gobierno y, particularmente, del Ministerio del Servicio Penitenciario es transformar los penales en lugares dignos de reclusión.
Claramente, las cárceles son antros realmente de degradación de los seres que son enviados a purgar una pena o simplemente sometidos a un proceso, que en definitiva termina siendo la pena.
Cuando termina el proceso y son condenados, ya han cumplido la pena muchas veces.
Respuesta a muertes en Uribana
Han transcurrido casi cuatro meses de la masacre de Uribana, donde murieron más de 60 personas al producirse una requisa por parte de la Guardia Nacional, presuntamente para realizar el desarme de los reclusos; pero, ¿cómo se explica que no hayan sido establecidas responsabilidades?
-Me parece extremadamente grave lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en las cárceles venezolanas en relación a la violencia, las muertes y los hechos delictivos en que se incurren en esos centros que están bajo la tutela y bajo la responsabilidad del Estado. Es una exigencia de la colectividad el que se le dé respuesta a esas muertes y lesiones ocurridas en Uribana.
Hacinamiento y retardo procesal-Por orden de la ministra Iris Valera, los detenidos, aunque sean sujetos involucrados en homicidios, robos y secuestros, por el hecho de haber actuado en los procedimientos la policía de Lara, no pueden ser recibidos en ningún penal.
¿Hasta qué punto puede aceptarse el hacinamiento que se viene produciendo en la comandancia y otros establecimientos policiales del estado -En gran medida la tragedia penitenciaria tiene que ver con el problema de la administración de justicia.
En gran medida el problema del hacinamiento y los demás problemas que se viven en el ámbito penitenciario guardan una relación directa con el retardo procesal.Más del 70 por ciento de los internos son personas sometidas a proceso y una persona sometida a proceso de suyo se presume su inocencia y, por lo tanto, como regla general no debería estar en prisión sino en libertad.
Y en libertad se le debería seguir el proceso. La medida no puede ser “aquí no vienen personas detenidas por la policía”. El Estado ha debido, pero no lo ha hecho, construir y tener sedes adecuadas a donde vayan los detenidos, que están siendo sometidos a proceso y no han sido sentenciados. No puede ser que los detenidos se les deje en instalaciones de organismos policiales, donde el hacinamiento llega a cifras alarmantes y con evidente violación de todos sus derechos. El Estado debe responsabilizarse de estas personas y mantenerlos en sedes adecuadas.
Liberación de presos y clausura de penales
-Pero, aquí lo que ha hecho el Gobierno es cerrar cárceles y aumentar el hacinamiento en otros penales. ¿Qué tipo de política es ésta?
-Se han tomado dos medidas con las cuales no se resuelve el problema penitenciario: liberar a los presos y cerrar establecimientos penitenciarios.
Estoy de acuerdo con que se liberen aquellos que han cumplido la condena o que ya tienen derecho a una medida alternativa de cumplimiento de la pena; es decir, que salgan oportunamente. Pero, el problema penitenciario no se resuelve pura y simplemente sacando a la calle a todos los que estén presos. Y, evidentemente, tampoco se resuelve como se ha hecho lamentablemente procediendo a cerrar establecimientos penitenciarios. En Caracas se cerró La Planta y en Falcón, la cárcel de Coro, por ejemplo.
El reto del Ministerio de Servicio Penitenciario es transformar esos establecimientos en lugares dignos de reclusión, donde se retengan a las personas que están siendo sometidas a una pena después de un proceso desarrollado en tiempo breve y se les mantenga en condiciones adecuadas y no en hacinamiento.
El reto es el mejoramiento de las condiciones de vida de los reclusos y la transformación de los establecimientos, que son antros realmente de degradación de los seres sometidos a un proceso que en definitiva termina siendo la pena que se le impone a la persona. Cuando termina el proceso y son condenados ya han cumplido la pena muchas veces.
Los pilares del sistema penitenciario
-¿Por qué el Gobierno dejó perder el control de las cárceles y prácticamente las entregó a los delincuentes más peligrosos, quienes se denominan pranes, a quienes se les ha dado autoridad al reconocerlos y conversar con ellos?
-Esta es otra situación gravísima que no tiene justificación alguna- No puede admitirse, ni aceptarse, ni tolerarse, que las cárceles estén en manos de los presos, porque los penales constituyen una responsabilidad del Estado.
Sencillamente, el Estado no ha hecho lo que tenía que hacer en relación al sistema penitenciario.
Éste tiene cuatro pilares fundamentales:
-El pilar del régimen penitenciario, que es el de la legislación.
-Los internos, los que están dentro de las cárceles.
-El personal encargado de los establecimientos penitenciarios.
-Las edificaciones penitenciarias.
De esos cuatro, el único pilar que realmente está bien construido y firme es la Ley de Régimen Penitenciario: Se trata de una ley que tiene unos cuantos años, pero garantiza la finalidad de un verdadero régimen penitenciario que se ocupe, como decía antes, de la dignificación, rehabilitación, del preso. La regla general es que la mayoría de los centros penitenciarios deben ser penados y no procesados.
Eso significa que en el régimen debe haber trabajo, estudio, alimentación, espacio apropiado para una vida digna.
El programa está en la Constitución
-¿Hacía falta crear un Ministerio de Servicio Penitenciario o éste es pro ucto de la improvisación? -se le pregunta al Dr. Alberto Arteaga
-Simplemente, la creación de un ministerio no significa que con ello se resuelva un problema tan grave como es el penitenciario. Ameritaba la creación de un órgano de alto nivel para resolverlo. Ya vemos que esto no ha ocurrido. Evidentemente, se trata de construir más establecimientos para resolver el problema del hacinamiento y de contar con personal idóneo.
En el artículo 272 de la Constitución, redactado por el Dr. Elio Gómez Grillo, que es un hombre además muy cercano a este Gobierno, está el programa que se debe llevar a cabo para la transformación del sistema penitenciario.
En ese texto se señalan las líneas maestras del asunto al exponer que el Estado garantice un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus Derechos Humanos. Para ello precisa que los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, estudio, deporte, recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estadales o municipales.
Se requiere el funcionamiento de justicia para acabar con esa situación que se da en Venezuela, reconocida por el propio ministerio, de lo que se llama la inversión del sistema penitenciario: la mayoría de los que están en las cárceles no son penados sino sometidos a procesos que nunca terminan.
-Si la propia fiscal general del Ministerio Público reconoce que hay impunidad en un grado sumamente alto, ¿qué pasaría si se aplicara la ley completamente y son llevados esos tipos que se encuentran impunes a las cárceles?
-Tenemos un país en el cual la violencia está desatada. Los índices de homicidio se han incrementado en los últimos años. Venezuela ocupa el quinto lugar en niveles de violencia, que tiene característica de extremada crueldad al punto que los homicidios se llevan a cabo con expresiones de que la vida no vale absolutamente nada, pero frente a esa situación tenemos la impunidad. El 98 por ciento de los homicidios quedan sin sanción, lo cual es intolerable para cualquier sociedad. La desconfianza de los familiares de las víctimas a las puertas de las morgues se pone en evidencia cuando dicen que sólo confían en la justicia divina.
Esa impunidad tiene que ver con unos órganos de administración de justicia que no funcionan adecuadamente. Pero, no basta con el incremento del número de policías y de mayores recursos con que hay que dotarlos. Por supuesto, que se deben dotar de recursos humanos altamente calificados y de recursos materiales porque la policía de investigación trabaja prácticamente con las uñas.
La fiscalía es un organismo que tiene ser incrementado en el número de fiscales y que esa profesionalización, selección y permanencia no esté basada en criterios políticos. Hay fiscales que tienen dos o tres mil expedientes, labor imposible de cumplir. Y los tribunales de igual manera. Tenemos una justicia arrinconada, atemorizada, sin recursos. Toda la administración de justicia tiene que ser transformada.
