El gobierno nacional en conjunto con el Tribunal Supremo de Justicia, quieren perseguir y amedrentar al diputado Richard Mardo, en primer lugar por su eficiencia en el trabajo que realiza y en segundo lugar porque no se prestó al salto de talanquera ofrecido por los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela.
El pronunciamiento fue realizado por la diputada de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, quien cuestionó el procedimiento que lleva a cabo el máximo juzgado del país en contra del parlamentario por el estado Aragua.
«El PSUV criminaliza y persigue a quien es exitoso en su gestión, Mardo ha demostrado ser un líder vinculado con su pueblo promoviendo acciones sociales en las diferentes comunidades de Maracay así como todo el Estado Aragua», puntualizó.
Lamentó que tanto la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, como las autoridades del TSJ, se presten para este tipo de persecuciones en vez de investigar todos los delitos cometidos por funcionarios del gobierno.
«Se le está llevando a una emboscada judicial en cayapa, a propósito que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordenó notificar a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y al diputado Richard Mardo que son convocados a una audiencia oral y pública para el próximo 5 de junio a las 10 de la mañana, por la solicitud de antejuicio de mérito. Le decimos al país: No perdonan que se oiga su nombre de primero en las encuestas para la Alcaldía de Maracay para las próximas elecciones municipales, ni su liderazgo arrollador que ha generado por años de trabajo y lucha», aseveró.
Asimismo, la parlamentaria y ex presidenta de la comisión permanente de la Familia, denunció que al asambleísta se le ha negado el legítimo derecho a la defensa en las instancias naturales como lo es «en la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional donde nunca fue convocado por su Presidente Pedro Carreño y se le criminalizó públicamente en la plenaria de la Asamblea Nacional por Diosdado Cabello, quien prácticamente lo sentenció sin respetar el debido proceso, violando el estado de derecho, las leyes nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y la inmunidad parlamentaria».
Culminó anunciando que ejercerán las denuncias pertinentes a los organismos competentes y además hizo un llamado a la población venezolana, especialmente a los aragüeños, a que condenar cívicamente este tipo de maniobra política del PSUV, que usa a las instituciones del Estado para amedrentar y perseguir a la disidencia política.
Foto: Oswaldo Azuaje