Luego de compartir una hora y media de amena conversación, durante el desayuno-foro realizado este martes, el abogado Guillermo Palacios reconoce que la mayor satisfacción luego de una larga carrera tanto en el ejercicio del derecho como la lucha política es el contacto con la gente, ya sea como representante legal o como diputado suplente a la Asamblea Nacional por el estado Lara.
El parlamentario compartió la primera comida de la mañana con el arquitecto Juan Manuel Carmona, director de EL IMPULSO; José Ángel Ocanto, jefe de Redacción, y Violeta Villar Liste, jefa de Información de este rotativo.
El ejercicio legal para este cabudareño hijo de cabudareños, nacido el 22 de diciembre de 1947, comenzó formalmente en la ciudad de Valencia, donde luego de haberse recibido como abogado le tocó como primer caso la defensa de la propietaria de la pensión donde se alojó durante su paso por la universidad. De ese caso, contra la construcción de un edificio llamado Don Pelayo (ahora convertido en un hotel) por la cual se afectó la estructura de la pensión, obtuvo su primera ganancia, la cual le sirvió para volver a Lara, donde se radicó nuevamente en El Tocuyo -donde pasó gran parte de su niñez- para comenzar el ejercicio de su profesión como representante de trabajadores del campo en su gran mayoría.
Con un nombre hecho en el campo del Derecho, en 1975 Palacios fue solicitado por el entonces secretario general de gobierno del estado, Gonzalo Ramos, por cuanto requerían que un abogado joven tomara el control de la Dirección General de Policía (Digepol) en el estado Lara, a los fines de cambiar el rostro de la institución debido a las críticas que recibió la gestión anterior. De su paso por ese cuerpo de seguridad, con el apoyo del comisario Víctor Pulgar como conocedor de la actividad policial, el abogado recuerda que pasó un año muy tranquilo, donde lo más grave fue la explosión de un niple en la población de Cabudare.
Luego de ese cargo, pasó a la secretaría general bajo las órdenes de la gobernadora Dori Parra de Orellana, el cual ejerció hasta que salió electo concejal en el municipio Morán por el partido Acción Democrática, donde se mantuvo por cinco periodos continuos.
Asimismo, le ha tocado vivir de cerca el drama familiar de la enfermedad de su padre, Guillermo Palacios, cuya afectación por la diabetes le llevó a necesitar una donación de riñón.
Junto a su hermano Aníbal, se sometió a las pruebas necesarias para determinar cuál de ambos reunían las condiciones.
Aunque en principio Guillermo fue el elegido, luego de revisar los resultados los médicos prefirieron a su hermano. El resultado fue la concesión de catorce años más de vida para el padre, quien falleció hace más de veinte años.
“Querían implicarme”
Al recordarle que a lo largo de su carrera ha pasado libre de acusaciones por casos de corrupción, indica que el único hecho en el cual se le ha tratado de ligar a hechos irregulares se originó por una denuncia que presentó en contra del abogado Rafael Soto Loyo, debido a la aprobación y firma de un acta de la Asamblea Legislativa (ahora Consejo Legislativo) de la cual formaba parte. “Para ver cómo retrocedía en mi denuncia, me metieron en el acta, a pesar de que no estuve en la sesión donde fue aprobada, y cuando la Contraloría General revisó el documentó ordenó una investigación, que por supuesto fue sobreseída”.
De allí que el elemento más valorado por el jurista sea la conexión con la gente que ha recibido su ayuda, aunque algunos casos no los recuerde la gente en la calle cumple con demostrarle su afecto. “Hace unos días estaba en una reunión en la Curia. Al salir una señora se me acerca y me dice: Usted no se recuerda, pero ayudó a mi hijo con un problema. Lo olvida porque son muchas las cosas que ha atendido como abogado, pero yo no lo olvido nunca”.
Un poder perdido
Un aspecto que para Palacios ha cambiado para mal en el ejercicio del Derecho es la situación del Poder Judicial, el cual siente ha perdido su prestigio con el pasar de los años, debido a que ya no se cuenta con administradores de justicia que actúen de acuerdo con los procedimientos que establece la ley, con jueces quienes aun cuando tenían lazos de amistad con los abogados no se dejaban influir en decisiones. Aunque no era un poder que fuese totalmente independiente, reconociendo que esta característica es realmente utópica, Palacios considera que muchas de las decisiones se tomaban a derecho.
“Ahora, si un funcionario le estorba al Gobierno, o es disidente, avanza una investigación que se solicite en su contra, pero si se trata de un funcionario gubernamental, esa investigación por supuesto que no llega a la luz”, dijo.
En el pasado, valora más la preferencia de funcionarios de carrera para ejercer como jueces y magistrados del Poder Judicial, a diferencia de hoy cuando al frente de los tribunales se coloca a funcionarios que “simplemente van a cumplir órdenes del Gobierno nacional”, con casos como los de Luisa Estela Morales, quien llegó a la presidencia del TSJ a pesar de haber sido destituida una vez cuando se desempeñaba como jueza en el estado Yaracuy.
Sobre la nueva presidenta del Poder Judicial, Gladys Gutiérrez, Palacios descarta que puede traer algún cambio para el sistema de justicia, porque su administración no presenta diferencia con la anterior.
Agotar las instancias
Las revelaciones del audio donde supuestamente el moderador de televisión, Mario Silva, habla con un agente del G2 cubano, son vistas por Palacios como una confirmación de algunas irregularidades como los negocios con los dólares de Cadivi, sobre lo cual señaló que ya había sido advertido por el ministro de Planificación, Jorge Giordani, durante una intervención en la Asamblea Nacional, en la cual se abstuvo de mencionar al diputado Diosdado Cabello como responsable de ello.
Horas antes de la sesión de este martes en la AN, donde la oposición solicitó abrir una investigación a Silva bajo la presunción del delito de traición a la patria, Palacios adelantó que la solicitud no sería aprobada por la mayoría chavista, desde la cual se alegaría el hecho de que la grabación sería parte de un montaje para perjudicar a Silva, una acción que no duda en calificar de contradictoria ante las acciones impulsadas contra diputados de la oposición a la más mínima relación con hechos que se vean irregulares.
“He recibido dos comunicaciones del diputado Pedro Carreño (presidente de la Comisión de Contraloría de la AN), donde declara inadmisible dos solicitudes de investigación, una de ellas a Julio Chávez, y la excusa para no iniciar la averiguación es porque se trata de un diputado, cosa que no pasó con Juan Carlos Caldera, Richard Mardo y Gustavo Marcano”.
La situación lleva a Palacios a rememorar lo ocurrido en Perú durante la Presidencia del Alberto Fujimori, cuando todos los países americanos notaron que lo sucedido en ese gobierno no se relacionaba con los valores democráticos, por lo cual ahora espera que estas naciones volteen la mirada hacia Venezuela, con ojo crítico sobre lo que ocurre en el país desde el punto de vista legal en cuanto al poco respeto que el Gobierno guarda con la administración de los recursos públicos.
Ante estrategias como el acercamiento del Ejecutivo nacional con el sector privado, denota que el presidente Nicolás Maduro busca mostrar una imagen fuerte ante sus seguidores, lo suficiente como para decir a los empresarios “sus cuatro verdades”, pero hasta ahora no se ha escuchado nada.
