Venezuela, uno de los países con mayor índice de asesinatos de Latinoamérica, carece de un control de armas de fuego y municiones y requiere que sus autoridades tomen medidas en la materia, indicó el miércoles Amnistía Internacional en su informe 2013.
«El índice de asesinatos en Venezuela seguía siendo (en 2012) uno de los altos en América Latina, debido, entre otras cosas, a la ausencia de control sobre la disponibilidad de las armas de fuego y las municiones», señaló el informe de Amnistía en su capítulo dedicado a Venezuela y que fue divulgado la tarde del miércoles en Caracas.
El documento coloca al problema de la inseguridad en el país como uno de los más preocupantes, junto con la violencia en las prisiones y el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al presentar el informe, Julio César Bermúdez, del comité ejecutivo de Amnistía Internacional en Venezuela, puso énfasis en la ausencia de una «política integral» para combatir la violencia ligada al crimen común, la mayor preocupación de los venezolanos.
«El Estado debe adoptar una política que integre a todos los organismos competentes, de lo contrario no se podrá encontrar una solución al problema de la inseguridad ciudadana. Se necesita sobre todo un control de armas de fuego, que se marquen las balas y que se tenga un registro de todas las armas», dijo Bermúdez.
Entre 9 y 15 millones de armas ilegales circulan en Venezuela (con casi 29 millones de habitantes), según una estimación oficial de 2009.
El informe indica que un 80% de las instituciones policiales utilizan «armas que no cumplen con las directrices institucionales» y critica al gobierno por no ofrecer «información oficial y precisa sobre la violencia», sobre todo el número de personas lesionadas por arma de fuego.
Según cifras del gobierno, en el primer trimestre de este año se registraron 3.400 homicidios en todo el país, mientras que 2012 cerró con 16.000 asesinatos.
Sobre el operativo militar Patria Segura, lanzado la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro para reducir los índices de violencia, Bermúdez señaló que AI siempre ha sido crítica de involucrar a soldados en tareas de seguridad civil.
En otro aspecto, la organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres llamó al gobierno venezolano a adherirse al tratado internacional sobre el comercio de armas que se aprobó en abril pasado en la ONU, votación en la que Venezuela se abstuvo.
El ente también advierte su preocupación ante amenazas contra defensores de los derechos humanos en Venezuela y el retiro de este país, anunciado en septiembre pasado de la Corte IDH y que se hará efectiva en el plazo de un año.
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