Esperanza Hermida, coordinadora del Programa Venezolano de Educación-Acción en derechos humanos (Provea), presentó la tarde de este lunes en el centro Gumilla el informe anual de la situación de los derechos humanos en el país.
Indicó que esta vez se escogió a Barquisimeto para iniciar las presentaciones regionales de esta actividad, a propósito de los hechos ocurridos los días 15 y 16 de abril contra un grupo de manifestantes, adyacente a la oficina regional del Consejo Nacional Electoral, durante los cuales se violaron los derechos humanos de esas personas que demandaban la verificación ciudadana prevista en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Hermida destacó varios aspectos negativos del informe, sin dejar de mencionar varios puntos positivos, todos de la gestión gubernamental del último trimestre del 2011 y de todo el año 2012.
Respeto a lo positivo indicó en el país se registró la reducción de la pobreza como una tendencia sostenida en el desarrollo de las políticas públicas del gobierno nacional, para lo cual se tomaron en consideración algunas variables, entre estas la edificación de más ciento cinco mil viviendas dentro de la ejecución del Programa Gran Misión Vivienda Venezuela.
Señaló que otro indicador favorable en función de esta valoración fue el avance del derecho a la educación y el progreso de la seguridad social, que se incrementó en 147 mil personas, en cuanto al disfrute y beneficio de la pensión de vejez, como uno de los componentes de la seguridad social en Venezuela.
Precisó que con esos elementos la pobreza bajó de 27,2 a 21,2% entre el primer y segundo trimestre del año 2012.
Lamentó que contrasten con los anteriores resultados el retroceso en materia de protección a la seguridad ciudadana, a la integridad personal y a la vida de las personas.
Expuso que el informe también refleja como aspecto negativo el retroceso en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, retardos en las denuncias ante la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la puesta en vigencia de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.
Cuestionó que Provea trabaja mediante la captación de información oficial para elaborar el informe, para ello parte del análisis de los datos proveniente de la memoria y cuenta de los organismos gubernamentales, concretamente de los ministerios, pero el año pasado esa verificación no pudo ser posible porque estos organismos no suministraron la memoria y cuenta, y tampoco la publicaron en sus portales en internet.
Esa situación trajo como consecuencia que Provea obtuviera los datos en cifras por la vía extraoficial, de manos de un diputado de la Asamblea Nacional, determinó.
Puntualizó que lo correcto para la verificación de esos datos es que los mismos sean publicados en los portales web de los ministerios.
Expuso que Provea evalua como negativo la puesta en práctica del Plan Patria Segura, ya que el gobierno está utilizando personal de las Fuerzas Armadas, que son cuerpos militares preparados para la guerra, y no para la prevención del delito.
“Indiscutiblemente, recurrir a este mecanismo, su lectura en contrario nos conlleva a concluir que a fracasado el desarrollo e implementación de los planes de seguridad anteriores a la Policía Nacional Bolivariana, y fracasado el desempeño de la Universidad Experimental de la Seguridad, que era una esperanza de formación de cuerpos policiales, con perspectivas de derechos humanos”, esgrimió.
Comentó que actualmente la impunidad en Venezuela alcanza un 98,78%, lo que habla muy mal de la actuación de la Fiscalía General de la República, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y del Ministerio Público.
Esbozó que la negligencia de este conjunto de instituciones para castigar con justicia ha traído como consecuencia más delincuencia, y el incremento de la violación de derechos humanos, sobre todo con la inclusión de fuerzas militares, porque ellos están preparados para enfrentarse con contingentes iguales a ellos y no con ciudadanos.
“El armamento, las tácticas, la forma de organización, el tratamiento, la cultura y la visión que tiene el militar es distinta a la que tiene un policía, pese a las críticas”, manifestó.
