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En Venezuela se van estableciendo una serie de pautas, de formas de actuación, de una cierta mecánica de la vida nacional. Se trata de una implantación de un modelo, el chavismo sin Chávez, en el cual el carisma del líder ausente ha sido sustituido por una dosis de mayor autoritarismo. Pero conviene no olvidar que en muchos sentidos, al menos en materia de violaciones a los derechos humanos, el régimen del presidente Chávez le dejó una herencia abultada a Nicolás Maduro. El nuevo régimen, en tanto, no parece satisfecho con tal herencia y ha terminado por agudizar algunas prácticas de esa mecánica nacional.
La prensa nacional, en su gran mayoría, recogió el pasado 10 de mayo tres hechos que conviene revisar y ver en su conjunto. Se sacan algunas conclusiones de la cobertura periodística de lo dicho por tres organizaciones diferentes durante un mismo día. Destaca en primer lugar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de denunciar ante la Corte Interamericana al Estado venezolano por el cierre de la estación RCTV en el año 2007, con lo cual se abrirá un nuevo juicio en esa instancia internacional. No menos preocupante resulta el informe del Programa Venezolano de Derechos Humanos (Provea) correspondiente al año 2012, con el aumento de los casos de tortura por parte de uniformados en Venezuela, en una clara regresión en materia de derechos humanos. Esa misma página, en tanto, recoge el reporte del mes de abril de 2013 del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) cuya conclusión resulta tajante: “la criminalización de la protesta se institucionalizó en Venezuela”.
No sé que opinen de todo estos mis antiguos compañeros de la lucha por los derechos humanos, que hoy ocupan funciones estatales, pero desde mi punto de vista las cosas no están bien, en realidad están bastante mal. Para muchos de ellos el prisma del cargo, y algunos de los beneficios inherentes a éstos, posiblemente le alejen de la realidad; por ejemplo para una rectora universitaria otrora defensora de derechos humanos andar hoy con varios escoltas y una flotilla de vehículos le hará ver las cosas de una forma distinta y desde la posición que ocupa no verá tan mal la mecánica nacional.
Volvamos al meollo del asunto. Una tríada de aproximaciones evidencian el clima nacional. No es un clima propicio, a fin de cuentas, para que el ciudadano de a pie salga a manifestar pacíficamente, y si no se puede manifestar pacíficamente de ¿qué democracia estamos hablando? El OVCS precisa un asunto que ha resultado sumamente grave, se trata de la aplicación de la legislación contra el terrorismo, sí contra el terrorismo, contra los jóvenes que protestaron en las calles, presentando a éstos como “terroristas” cuando en realidad eran venezolanos que encabezaron protestas. Las protestas durante el mes de abril subieron en 500 por ciento, en relación con el mes anterior, y por primera vez en varios años la exigencia de derechos civiles y políticos estuvo por encima de las reivindicaciones sociales. Estos datos, desde mi punto de vista, constituyen una pincelada del país, muy distinta por cierto de lo que habíamos vivido en la última década, luego de lo que bien definió como el “apaciguamiento” el periodista estadounidense Brian Nelson (Editorial Alfa, 2012).
Una pata de esta tríada informativa está en el terreno internacional con la decisión de la CIDH de llevar a juicio al Estado venezolano por el caso de RCTV. Previendo una sentencia en contra, ya los voceros de gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se han adelantado para anunciar que no la acatarán. Guión previsible, sin duda, pero pobre de argumentos y lleno de falsedades: tendrán que intervenir militar el país para hacer cumplir esa sentencia, llegó a decir Elías Jaua, a quien debemos llamar canciller.
Todo lo dicho aquí es reflejo de apenas un día de noticias en Venezuela. Así están los derechos humanos. En verda
