El plan de seguridad Patria Segura, que este lunes será desarrollado en Lara, no garantiza resolver el problema de la violencia y la criminalidad, según la opinión del reconocido profesional del Derecho en materia penal, doctor Alberto Arteaga, entrevistado -vía telefónica- por reporteros de EL IMPULSO.
En primer lugar, en los últimos catorce años, hemos tenido 20 planes de seguridad, dice. Si el Gobierno está lanzando uno nuevo, eso indica que todos los anteriores, en definitiva, han fracasado.
En segundo término, independientemente de otras consideraciones, a mi juicio es un gravísimo error sacar a los militares a cumplir funciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana.
Si uno revisa to dos los documentos y fundamentalmente el de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), del año 2006, que contiene una serie de trabajos importantes hechos por especialistas en el área de la seguridad y en el área policial, puede comprobar que todos coinciden en que no se puede militarizar la seguridad.
Esa función no le corresponde a los militares, expresa. De acuerdo a la Constitución es una función de naturaleza civil. La tarea de preservación de seguridad tiene que llevarse en concordancia con la comunidad.
Hay que tener en cuenta lo expuesto por el Dr. Carlos Villalba, uno de los más importantes criminólogos y profesor de la Universidad Central de Venezuela quien participó en la Conarepol cuando Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores: “El policía no es un soldado. El policía tiene el arma para defender a la ciudadanía”.
El soldado, hay que tenerlo muy claro, no está preparado para la protección de la ciudadanía, sino para la guerra.
Lo expresado no implica un juicio negativo sobre la Fuerza Armada, sino que la seguridad de la ciudadanía y la prevención y represión del delito y la lucha contra la impunidad no es su competencia.
Militares armados en la calle, en actividades que no les corresponde, representan un riesgo para toda la colectividad.
Puede haber una sensación que se pueda transmitir a la comunidad de que está siendo protegida, expuso. No es como han venido diciendo funcionarios del Gobierno que la inseguridad es una sensación. Pero, en este caso, sí sería crear una sensación, pero que al final es un peligro para la propia población.
Por otra parte, he oído con absoluta extrañeza y perplejidad las declaraciones del ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, de que este plan sería un instrumento para combatir no sólo la delincuencia sino la impunidad. ¿Qué tiene que ver el Ejército con la impunidad? ¿Qué tienen inclusive las funciones policiales con la impunidad? La impunidad es un problema del sistema de administración de justicia. Y allí vamos al centro de lo que está planteado.
El problema de la violencia exacerbada que tenemos en Venezuela tiene que ser combatido de manera eficaz, dice. Hay actividades preventivas que deben llevarse a cabo en una política criminal. Y hay actividades que tienen que ver con la represión bien entendida.
La represión es el procesamiento, la persecusión de quienes han incurrido en conductas delictivas, explicó. Y esto tiene que ver con el funcionamiento de la justicia penal, es decir el funcionamiento de los órganos de administración de justicia: policías, de manera fundamental de investigaciones, fiscalía, tribunales y del sistema penitenciario. Aquí está la clave del asunto.
Había un comentarista que decía el crimen no paga, pero hoy hay que decir que en Venezuela el crimen paga, indicó. Y esto es lo que se debe combatir.
Hay que transmitirle a la colectividad que quien incurre en conductas delictivas merece ser sancionado después de un proceso justo con pleno respeto a los Derechos Humanos, aclaró. En estos días la fiscal general del Ministerio Público hacía referencia a la utilización de autobuses para la administración de justicia. Eso no es evidentemente el problema. Lo necesario es que los procesos se produzcan en los lapsos establecios en la ley y en la aplicación de ésta.
“Esperamos que no sea
para amedrentar”
“Ya el gobernador Henri Falcón se expresó y dijo que estaba dispuesto a trabajar por la seguridad. Como diputados estaremos muy pendientes y atentos de que esta militarización no sea para amedrentar, estamos de acuerdo con que el trabajo sea conjunto, pero debemos vigilar el trabajo de la Guardia Nacional que últimamente no ha estado cónsona con su deber ser, y esperamos que no sea utilizada para amedrentar. El común denominador de todos los venezolanos en estos momentos es que este problema se resuelva, pero la duda está en cómo se utilizará a la fuerza militar. Realmente creo que hay muy poco que confiar, ante la cantidad de planes que se han hecho, en este caso esperamos que funcione, pero respetando la protesta”, manifestó la diputada al CLEL, Sagrario Pérez.
“Sensatez y cordura deben imponerse”
“El Gobierno nacional parece haber entendido que el respeto y la incorporación de todos los sectores a la actividad productiva del país. Esperamos que la sensatez y la cordura se impongan en el Plan de Patria Segura y que la discrecionalidad no impere a la hora de implementar los operativos policiales. Eso sí, esperamos que los efectivos desplegados tengan respeto por el derecho a la protesta y libertad de pensamiento de todos los venezolanos, a fin de evitar que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos por parte de algunos componentes militares”, expresó Leonardo Torres, diputado al Consejo Legislativo, integrante de la Comisión Permanente de Seguridad, Derechos Humanos y Ambientales, quien felicitó la incorporación de cinco mil efectivos de Polilara al operativo.
