Hacinamiento es la acumulación de muchas personas luchando por sobrevivir en un pequeño espacio físico.
Así, tal cual, está ocurriendo en los 14 Centros de Coordinación Policial (CCP), y en las 65 Estaciones Policiales o puestos de menor capacidad distribuidos a lo largo y ancho de los nueve municipios de la entidad, en los cuales no cabe un detenido más.
El equipo de la sección Investigación del diario EL IMPULSO, realizó un trabajo de la situación planteada, y los resultados se muestran en base a números recientes, aportados por el Comisionado Agregado, Luis Rodríguez, director del Cuerpo de Policía de Lara.
Una orden de Varela origina el problema
El apilamiento de presos en las celdas de la policía de Lara se originó a partir del 8 de agosto del año 2011, a raíz de una circular del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, dirigido por Iris Varela, enviada al Cuerpo de Policía de Lara, confesó Rodríguez.
Indicó que el documento establece la suspensión de ingreso de detenidos en establecimientos penitenciarios, de los nuevos privados de libertad a partir de la fecha que fue entregada la circular.
Desde ese entonces hasta la actualidad, la aglomeración de presos en los 14 Centros de Coordinación Policial y las 65 Estaciones Policiales, representan un verdadero problema para la institución y la seguridad de los larenses.
¿La ministra obstaculiza
la justicia?
La decisión de la ministra Iris Varela de no aceptar nuevos ingresos en los centros penitenciarios, está desconociendo las órdenes de encarcelación que emiten los jueces encargados de los tribunales en materia penal, contra ciudadanos incursos en delitos en Lara tipificados en el Código Penal.
Este abrupto choque ocurre cuando los jueces libran boletas para que privados de libertad entren a un penal, como Uribana en el caso de Lara, pero en este recinto no los aceptan por estricto mandato de la ministra. Toda una contradicción.
Es así que estos presos son devueltos y depositados en los Centros de Coordinación Policial y Estaciones Policiales, donde quedan por tiempo indeterminado y sin derechos procesales.
Una prueba evidente sucedió el viernes 3 de mayo de este año, cuando seis detenidos larenses no fueron recibidos por autoridades del Internado Judicial de Guanare, estado Portuguesa, pese a la previa coordinación que se había establecido entre estos y el Cuerpo de Policía de Lara, lamentó Rodríguez.
Nuevamente, las comisiones policiales regresaron en las patrullas con los presos hasta la Comandancia General.
En el Internado Judicial de Guanare, hicieron caso omiso a las boletas de traslado de los detenidos, emanadas por un tribunal, acatando la circular de la ministra Iris Varela, señaló.
Deben ponerse de acuerdo
Deben ponerse de acuerdo tanto el Ministerio de Asuntos Penitenciarios como el Miniserio de Interior y Justicia, y tomar una decisión, ya que el primero giró las instrucciones a los centros penitenciarios para que no reciban detenidos.
Sin embargo, en el Cuerpo de Policía de Lara se encuentran 10 detenidos con boleta de traslados a la cárcel de Los Llanos; 304 a Uribana, 11 a Tocorón, 53 a Tocuyito, 15 a Guanare, 62 a Trujillo, 30 a Yaracuy, 5 a Occidente, 1 a Coro, 1 a Carabobo y 3 a Barinas.
En esos recintos argumentan que contaban con una capacidad que fue ocupada con los traslados de Uribana.
También manifiestan que los detenidos de Lara son muy problemáticos, y que sus cárceles son tranquilas hasta que llegan estos presos a formar conflictos y divisiones.
Se viola el debido proceso al detenido
El Comisinado Agregado Luis Rodríguez explicó, en materia de derecho, que el Cuerpo de Policía de Lara u otra policía en Venezuela, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, indica el procedimiento a seguir luego de una detención en flagrancia.
Detalló que la persona no debe durar más de 12 horas recluida en un calabozo policial.
Una vez agotado ese tiempo, o antes, por ley, es remitido a un fiscal del Ministerio Público, quien tras recibirlo ordena durante las 24 horas siguientes las pertinentes investigaciones, y si son colectados todos los elementos de convicción respecto al delito por el que se le detuvo, es presentado a un juez.
Seguidamente, el juez priva de libertad al supuesto imputado y ordena su detención en un recinto penitenciario, en el caso de Lara, Uribana, donde queda como procesado.
Sin embargo, actualmnente no se cumple de esta manera, por el contrario, se suman al Cuerpo de Policía de Lara esos detenidos, a sabiendas que esta institución no es resguardo de presos porque no cuenta con las mínimas condiciones para ello.
Sin respeto a derechos humanos
Rodríguez sostuvo que existen casos graves de violación de los derechos humanos motivado al hacinamiento en los calabozos de la policía. Unos duermen encima de otros. Otros en chinchorros improvisados, en espacios reducidos que ni siquiera tienen baño.
Tenemos espacios que no cuentan con sistema de aguas negras ni blancas.
Hay sitios de detención donde el funcionario policial saca al detenido para llevarlo al baño, con el peligro latente de que haya maquinado una estrategia de fuga durante los días de encierro, aprovechándose de las instalaciones inseguras.
A esto se le unen otros elementos que pudieran tener consecuencias secundarias como la familiarización y el amiguismo con el detenido.
Diligencias infructuosas
La preocupación del director del Cuerpo de Policía para que se resuelva el hacinamiento en los calabozos lo llevó a gestionar el problema en varias instancias, sin resultados favorables.
El 7 de mayo de este año envió oficios a la Fiscalía Superior de Lara, explicando la situación.
Asimismo, lo hizo en la Comisión de Derechos Humanos y Ambientales del Consejo Legislativo de Lara, presidida por el parlamentario Raimundo Vale; a la Defensoría del Pueblo de Lara, al Circuito Penal del estado Lara, al Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, con sede en Caracas; al Ministerio de Relaciones Interiores, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia y al propio Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Fugas masivas
La excesiva acumulación de presos ha dejado hasta la fecha treinta y nueve detenidos fugados de las diversas estaciones policiales de Lara, dieciséis de los cuales fueron recapturados, el último de ellos el pasado martes 14 de mayo en Carora, municipio Torres.
Al respecto, Rodríguez señaló que estas acciones ocurren debido a instalaciones no adecuadas para mantener por largo tiempo a personas privadas de libertad, cuyas construcciones son frágiles ante golpes en paredes que no son reforzadas y logran abrirle boquetes; arrancar un tubo o una cabilla de rejas improvisadas que se han elaborado y escapan.
Acción penal a funcionarios por fugas
Rodríguez reveló que hay más de 12 funcionarios en juicio penal, presuntamente implicados en el caso de las fugas por haber estado de servicio cuando estas se produjeron, aunque todavía permanecen activos en el Cuerpo de Policía de Lara.
El tribunal inicia un procedimiento penal y casi siempre arroja como resultado la destitución del funcionario si encuentra elementos de convinción que lo comprometan legalmente con el delito, adujo.
No se detieneoperatividad policial
Pese a que no cabe un preso más en los calabozos de la Policía de Lara, este cuerpo uniformado no ha mermado la capacidad operativa en las comunidades y barriadas, obteniendo como producto una disminución de delitos en un 21,80% en mayo, en comparación con el mes de abril.
Es así que en lo que va de año, la policía ha recuperado 428 vehículos y 90 armas de fuego. Realizó 212 procedimientos con droga, detuvo a 322 solicitados, capturó a 19 personas por violación de medidas y a 726 de manera flagrante, para un total de 1.797 procedimientos.
Precisó que por culpa del hacinamiento, varios funcionarios se mantienen cuidando a los detenidos en los calabozos, cuando deberían patrullar las calles a pie, en moto y vehículos.
En estos cinco meses del 2013, la institución policial redujo en 330 (15.63%) los delitos de homicidios, lesiones, robos genéricos, hurtos genéricos, robo de vehículo y hurto de vehículo, en comparación a la misma fecha del 2012.
Pese a las circunstancias mantenemos el deseo de trabajar, de darle seguridad al ciudadano, de garantizarle la paz y la traquilidad.
Sentenciados sin ir a la cárcel
En la Comandancia General de Policía de Lara, se encuentran 53 personas sentenciadas a presidio, dijo Rodríguez, quienes deberían estar pagando las respectivas condenas en un centro penitenciario.
Determinó que la ley les confiere a estos sentenciados una serie de beneficios procesales que pueden aligerar su salida antes de lo previsto, en atención a su conducta, sin embargo, no han sido evaluados porque están en los calabozos de la policía.
La ley dice que aquellas personas que están bajo régimen de privación de libertad y al mismo tiempo estudiando, o realicen una actividad cultural o deportiva obtendrán una serie de beneficios procesales que le acortan su medida establecida por el tribunal, disfrute que no tienen en la policía, recalcó.
Se contabilizan 54 presos fugados de los calabozos de PoliLara
En Fundalara se fugó 1 y se recapturó; en Palavecino escaparon 12 y recapturaron 4; en Torres se evadieron 9 y se atraparon 4 de ellos; en el área Metropolitana se fugaron 5 y recapturaron 4; en Simón Planas 3, aún en fuga; en Jiménez escaparon 2 y se detuvieron nuevamente; en Juan de Villegas 2 y se recapturó 1; en el Norte se fugaron 5 y atraparon a 2 de ellos.
Datos:
El nuevo modelo policial
El nuevo modelo policial no contempla dormitorios para funcionarios, por cuanto el horario actual es diferente. Establece además unas salas de retenciones para quienes cometen un delito, bajo custodia policial por un lapso no mayor de 48 horas.
Fotos: Archivo
