Soldados con cara de malos, rifle en mano, ordenan detenerse a un desvencijado Chevy Caprice en la entrada de esta barriada de las afueras de Caracas.
Mientras le alumbran la cara, el conductor se baja del auto y coloca sus manos en el techo del vehículo, mientras los soldados lo registran en busca de drogas o armas.
No le encuentran nada y el jefe de la unidad hace un gesto autorizándolo a seguir su rumbo hacia el interior del Petare, uno de los barrios más peligrosos de la capital venezolana, una ciudad estremecida por la violencia.
Escenas como esta se repiten de día y de noche desde el lunes en decenas de retenes militares con los que el gobierno socialista trata de contener la violencia.
Los detractores del gobierno describen la iniciativa como una farsa política que puede derivar en abusos a los derechos humanos, sin tener el menor impacto en la delincuencia. Para muchos residentes de esos barrios, cansados de ser aterrorizados por pandillas armadas, la presencia de soldados en las calles es bien vista, reflejo de un gobierno fuerte.
«Hay que actuar con energía para que la gente sienta la fuerza del estado», declaró Irving García, un hombre de 47 años que no tiene trabajo y que, como tantos otros caraqueños, ha experimentado la violencia en carne propia. Dice que recibió un balazo en el pecho durante un robo un restaurante. La bala le rompió el esternón, indicó.
Con unos 15.000 asesinatos por año, la tasa de homicidios de Venezuela es la quinta más alta del mundo, según estadísticas de las Naciones Unidas. Esa tasa se duplicó durante los 14 años de Hugo Chávez en el gobierno, en los que se combinaron un fácil acceso a las armas con un sistema judicial ineficiente, alimentado por una cultura de violencia en barrios como Petare, a partes del cual ni la policía se anima a entrar.
Chávez prohibió la venta de armas, agrandó la policía nacional y puso en marcha programas en las zonas de alta criminalidad. Su sucesor en la presidencia Nicolás Maduro decidió apelar a los militares y desplegar 3.000 soldados en las calles. La iniciativa comenzó el lunes en Caracas y llegará a los estados de Zulia, Lara y Carabobo la semana que viene.
Defensores de los derechos humanos temen que la decisión de asignarles tareas policiales a soldados entrenados para la guerra empeore las cosas.
«Va a agravar la situación lamentablemente porque el ejército no está preparado para atender las situaciones de seguridad ciudadana, afirmó Liliana Ortega, directora de la agrupación de derechos humanos COFAVIC. «Hemos tenido varios casos emblemáticos en los que el uso de las fuerzas armadas han dado como resultado el uso desproporcional de la fuerza».
Mencionó los disturbios de 1989 conocidos como el «caracazo», en los que murieron 300 personas, y una revuelta en una prisión de Caracas en 1992 que dejó 63 reos muertos.
Los soldados, que trabajan conjuntamente con la Guardia Nacional y la policía nacional, pueden hacer arrestos, pero deben entregar los detenidos a las autoridades civiles. Cualquier posible abuso a los derechos humanos debería ser juzgado por tribunales civiles, según la constitución.
En una Venezuela partida por la mitad, hay inquietud en torno a algunos aspectos de la iniciativa con un tinte político. Maduro ganó ajustadamente las elecciones presidenciales del 14 de abril y la oposición dice que hubo fraude, intimidación y abusos de los poderes del gobierno. Algunas de las primeras unidades militares que salieron a la calle fueron emplazadas en barrios dominados por la oposición.
Petare, por ejemplo, se encuentra en el estado de Miranda, que es gobernado por Henrique Capriles, el candidato opositor en las elecciones. El alcalde bajo cuya jurisdicción cae Petare también es de oposición.
El martes por la noche, el comandante militar a cargo de los soldados del Petare, el general Antonio Benavidez, recorrió las calles del barrio con una unidad de motociclistas, seguido por periodistas. Asistió a una reunión con un grupo de base en el barrio de Bombilla.
El militar preguntó a unas 40 personas qué tan seguido iban por allí el alcalde y el gobernador. «Nunca», le contestaron al unísono.
Un póster de Capriles en una escalera cerca del sitio de la reunión indicaba que no todo el mundo apoyaba al gobierno aquí.
Davide Smilde, experto en Venezuela de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, dijo que para Maduro, la iniciativa en el campo de la seguridad «es un esfuerzo para combatir la delincuencia y al mismo tiempo para mantener o recuperar apoyo en sectores donde lo ha ido perdiendo por la delincuencia y la violencia, entre otras cosas».
Si bien el empleo de los militares para combatir la delincuencia no cae mal entre los venezolanos, indicó Smilde, su impacto será relativo y se limitará seguramente a fijar presencia en las esquinas. «Por supuesto, los delitos se cometen a una cuadra», afirmó.
Algunos en Petare dijeron que el éxito de la iniciativa dependerá no solo de la capacidad de los soldados de capturar delincuentes sino de que se ganen la confianza de los residentes.
«Debe haber un plan de acción hacia las comunidades, que los integre a ellas», declaró Carmen Aponte, de 47 años. «Que nosotros aprendamos de ellos y ellos aprendan de nosotros. Y de los proyectos que tengamos para trabajar con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes».
En un retén en una calle llena de pozos donde perros callejeros buscaban comida en un basural junto a una tienda de alimentos, irritados choferes de taxi se quejaban de los puestos de control.
«Nos complican la vida», dijo Jorge Torres, de 50 años. «No podemos parar donde queremos y la gente no sabe dónde pueden subirse al auto».
Admitió que la zona era más segura, por ahora al menos, pero pronosticó que los militares se irán pronto. El gobierno ha dicho que permanecerán unos meses, hasta que se recluten nuevos agentes para la policía.
«Cuando se vaya, todo cambiará», expresó Torres.
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