Los familiares de la pareja Alejandro Isaac Zubillaga y María Elena di Batista, víctima de un sicariato el 11 de febrero de 2004 en momentos en que se aproximaban al puesto de vigilancia del centro comercial Arca, cerca del hospital central Antonio María Pineda, se encuentran en Caracas, con el fin de denunciar ante el Tribunal Supremo de Justicia la decisión tomada por la juez de ejecución número 3, Gregoria Suárez Albujas, de concederle libertad a José Oviedo Escalona, uno de los condenados por ese crimen.
El caso ha sido considerado un “errorcito” de la justicia en los pasillos del Palacio de Justicia (antiguo Edificio Nacional) y expuesto en su columna Campana en el Desierto por José Ángel Ocanto, jefe de Redacción de EL IMPULSO, el pasado domingo.
Cuando ayer fue consultado por periodistas de este diario el Dr. Aníbal Palacios, uno de los abogados de las víctimas, manifestó que “obviamente se trata de un error grotesco el que se produjo por parte de la juez de ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Lara”.
Esta conducta de la juez pone en entredicho la honorabilidad y la confianza del Poder Judicial, ya que tratándose de una persona que está definitivamente condenada por la Corte de Apelaciones del estado Lara a sufrir una pena de veinte años y ocho meses, la abogada Gregoria Suárez Albujas, le concede la libertad.
En primera instancia esa persona fue condenada a siete años; pero, la pena de esa sentencia fue apelada y la Corte de Apelaciones, como ente jurisdiccional superior, revocó la sentencia y corrige la pena.
Pero la juez cuando le corresponde ejecutar la sentencia toma en cuenta la decisión de primera instancia; es decir, una medida que ya se encontraba revocada. La juez le entrega una boleta de excarcelación plena y salió el condenado por la puerta del frente de la cárcel.
Ya los familiares del matrimonio Isaac/Di Batista se encuentran en Caracas presentando la denuncia en la Comisión Judicial del Tribuna Supremo de Justicia y solicitarán la intervención del Ministerio Público porque se tienen que determinar responsabilidades para que se investigue la razón por la cual ocurrió este grotesco error.
