De los 35 países miembros de la Organización de Estados Americanos, una mayoría de 18 ya está de acuerdo en sacar de Washington la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, afirmó el martes el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño.
Como relator de la primera de estas reuniones que se efectuó en marzo en Guayaquil, Patiño rindió un informe ante la segunda conferencia de países miembros del sistema interamericano de derechos humanos que se inauguró en la jornada en esta ciudad del centro de Bolivia.
«Diez y ocho estados partes y otros que no son parte de la convención americana de derechos humanos ya se han pronunciado a favor de esta medida (cambio de sede de la CIDH)», dijo Patiño en su informe.
«La discusión no es trasladar la sede, sino que por principio la sede debe estar en un país que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y en vista que Estados Unidos no lo ha hecho, debemos ver la conveniencia de trasladar la sede», señaló el canciller ecuatoriano en la apertura de las deliberaciones.
Como anfitrión de la reunión, el presidente Evo Morales afirmó que «se necesita una OEA para los pueblos y no al servicio del imperio (Estados Unidos); una OEA que represente a todos los sectores sociales. Así como hemos cambiado gobiernos en el continente necesitamos cambiar a las instituciones», dijo al señalar que la CIDH es la punta de lanza de Washington para contrarrestar a gobiernos que no comulgan con la política estadounidense.
De los 35 miembros de la OEA, 24 ya han suscrito la convención aprobada hace 44 años. Estados Unidos y Canadá no ratificaron. Entre las posibles sedes se habló de Perú, y de Costa Rica que ya es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también de la OEA.
A la segunda conferencia asisten en Bolivia, los cancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador y delegados de los restantes países. La reunión afinó acuerdos previos adoptados en Guayaquil y en Washington el mes pasado para presentarlos a la Asamblea Anual de la OEA que tendrá lugar la primera semana de junio en Guatemala, precisó Patiño.
El traslado de la sede es el tema más visible del debate sobre el futuro de la OEA y los países más críticos son los del bloque de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) fundado por el extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez y del que forman parte Bolivia, Ecuador, Cuba, Venezuela y algunas naciones del caribe.
Bolivia, Ecuador y Venezuela advirtieron con renunciar a la convención en protesta por la supuesta injerencia de Washington pero han optado por impulsar reformas a la CIDH cuyas resoluciones incomodaron a muchos gobiernos, no solo al bloque del ALBA.
Otro de los temas de debate es si la Comisión de derechos humanos puede dictar medidas cautelares. «Algunos estados no le reconocemos facultad para dictar medidas cautelares contra los estados porque no está en el estatuto ni en la convención, otros sí reconocen esas facultades. Es un tema que debemos seguir discutiendo para encontrar salidas consensuadas», dijo Patiño.
Según el ecuatoriano el sistema dispone de ocho relatorías para la defensa de los derechos humanos pero solo la de Libertad de Prensa es la que mejor atención recibe financieramente incluso de aportantes privados. Está pendiente ampliar el aporte de los estados y reducir el de los privados, lo que ha sido interpretado por organizaciones civiles como un intento para debilitar el sistema.
A sugerencia de Brasil se conformará una comisión de países para persuadir a las naciones que todavía no son miembros a adherirse a la convención. No es pertinente que estados que no están suscritos tengan los mismos derechos de los socios a cuestionar el funcionamiento del sistema de derechos humanos, dijo.
