«Exigimos que el Ejército suba a los cerros. Diariamente nos roban dos y tres motos», dijo a la AFP José Vélez, de una cooperativa de motorizados que mira desde lejos a los uniformados que ponen en marcha un operativo gubernamental de seguridad en Petare, una de las barriadas más peligrosas de Caracas.
Visiblemente molesto, Vélez asegura que fue el lunes por la noche la primera vez en mucho tiempo que volvió a ver a funcionarios policiales y militares en labores de patrullaje por la zona.
Ese día, el presidente Nicolás Maduro anunció el inicio del plan ‘Patria Segura’ para luchar contra la inseguridad con el apoyo de 3.000 efectivos, primero en el estado Miranda, al que pertenece Petare, y del que es gobernador el opositor Henrique Capriles.
Según el gobierno, en el país se registraron 3.400 homicidios solo en el primer trimestre de 2013, 16% de ellos en Miranda. Para 2012, en el país la cifra cerró en 16.000 asesinatos, lo que representa 54 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, casi 14% más que en 2011.
Un informe de 2013 de las Naciones Unidas ubica al país como el tercero con la mayor tasa de homicidios en América Latina, solo por debajo de Honduras y El Salvador.
Mientras Vélez habla, sus compañeros de cooperativa asienten y explican en coro que los delincuentes se esconden en las veredas y escaleras de las barriadas. «Al saber que la policía está allí, se resguardan y nosotros quedamos igualitos en los cerros: con asesinatos y el robo de motos que no baja», dijo.
Petare es la mayor barriada de Venezuela y una de las más pobladas de América Latina. Tiene un casco histórico del que nace una inmensa montaña abarrotada de viviendas humildes a las que solo puede accederse a través de escaleras interminables y de caminos tan angostos que solo puede transitar un vehículo a la vez.
A pesar de que Eduardo Vilera, conductor en una ruta de transporte en Petare, apoya el operativo en las calles por las que conduce su vehículo, considera también que los funcionarios «deben caminar las barriadas.
Si lo hicieran podrían disminuir en 90% los enfrentamientos entre bandas y los incidentes contra los propios habitantes que, precisamente, ocurren en las escaleras y veredas».
El general Antonio Benavides, comandante del operativo, dijo a la AFP que es consciente de que este tipo de dispositivos de seguridad contribuyen a la migración de la delincuencia de una zona a la otra.
Para evitarlo, espera que en las próximas dos semanas la medida sea ampliada a otras localidades.
A pesar de la opinión de Vélez, el general asegura que el operativo fue implementado desde el fin de semana con buenos resultados: «En promedio, ocurrían entre 12 y 16 asesinatos por fin de semana. Con la incorporación de la Guardia del Pueblo (efectivos militares) ocurrió solo uno», aseguró.
Otros habitantes están agradecidos por la presencia militar y policial. Yelitza Duarte trabaja en una panadería de José Félix Ribas, una localidad donde actúan numerosas bandas delictivas. Al saber del operativo se alegró, pues como muchos en Petare tiene algo que contar: «En ese muro (frente al local) han asesinado a cuatro personas por enfrentamientos entre delincuentes y aquí dentro le dispararon a uno», recordó.
Su esposo -que trabaja en la barbería contigua- también manifestó su respaldo a la medida. «Por fin voy a trabajar tranquilo», dijo. Sin embargo, ambos concordaron en que la seguridad debe extenderse a las escaleras de las barriadas, donde generalmente quienes suben son asaltados.
Al respecto, el general Benavides trazó un recorrido sobre el mapa de Petare para mostrar las zonas en las que se implementará el dispositivo.
Se trata, según remarca, de más de 30 localidades de Petare resguardadas por 41 puntos de control. «Ya tenemos identificadas a las bandas que allí operan (…) y vamos a ir tras ellas», explicó.
Citando información del Observatorio Venezolano de Seguridad, que maneja cifras oficiales, Benavides aseguró que es entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana cuando ocurre el mayor número de delitos. Por orden, el primero en incidencia es el robo y el quinto es el homicidio.
Por su experiencia cotidiana de secuestros de chóferes y robos de carros, Vilera asegura que prohibieron a los conductores portar armas de fuego: «Si los malandros (delincuentes) nos revisan y nos encuentran un arma, con esa misma nos van a matar». Que sea la policía y los militares quienes pongan orden es perfecto para ellos. «Hace tiempo que no veíamos un operativo tan grande», dijo.
El próximo lunes se espera que la medida se amplíe a los estados Lara (noroeste), gobernado por la oposición, y a Zulia (noroeste) y Carabobo (norte), dos ex bastiones opositores que cayeron en manos del oficialismo tras las elecciones regionales de diciembre, antes de extenderse a todo el país.
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