Treinta años después de gobernar con mano de hierro a Guatemala, el ex dictador Efraín Ríos Montt pasa este sábado su primer día en prisión por genocidio, una condena que aunque sea luego impugnada es un paso histórico en la lucha contra la impunidad en un país que vivió atrocidades en la guerra civil.
El ex gobernante de facto, de 86 años, fue ingresado al final de la tarde del viernes a un cuartel militar que también sirve de prisión para algunos reos políticos, luego que el tribunal presidido por la jueza Jazmín Barrios le impusiera una pena de 50 años por genocidio y 30 por crímenes de lesa humanidad.
La estadía del exdictador en la cárcel «civil» dentro de un recinto militar transcurre con «normalidad», explicaron las autoridades encargadas de resguardar a Ríos Montt y a otros 18 reos considerados de «alta vulnerabilidad».
«No hay ningún reporte de anormalidad» en la cárcel, dijo a la AFP el vocero del Sistema Penitenciario Rudy Esquivel, quien agregó que el exdictador permanece en una celda «unipersonal» dentro del Cuartel Militar Matamoros, una edificación con altos muros similar a un castillo antiguo en el centro de la capital.
Ríos Montt fue hallado responsable de 15 masacres a manos del Ejército en las cuales murieron 1.771 indígenas mayas-ixiles en el departamento de Quiché (norte), durante su régimen de hierro entre 1982 y 1983, en tanto que su exjefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez, fue absuelto de los mismos cargos.
Vientos de guerra legal
Mientras el exdictador permanece como preso número 19 en el Centro de Detención para Hombres, habilitado desde 2010 en el cuartel militar, sus abogados defensores ya preparan los recursos legales para revertir el fallo.
«Los señores abogados tratarán de anular la sentencia», anunció el propio exdictador poco después de ser condenado.
«Vamos a estudiar el fallo, sabemos que adolece de muchas ilegalidades y estamos seguros que esa sentencia se cae por su propio peso, vamos a apelarla inmediatamente», aseguró su abogado Francisco García.
El defensor afirmó que acudirán a «muchas instancias» judiciales para revertir la sentencia, incluida la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial.
«Es una sentencia injusta. Nosotros ya sabíamos que lo iban a condenar, incluso el general venía con su maleta hecha porque sabía que se iba a cambiar de domicilio», dijo sarcásticamente el otro abogado defensor, Francisco Palomo.
«En derecho eso le asiste a ellos, presentar los recursos de apelación especial», dijo a la AFP el abogado Héctor Reyes, abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).
Reacciones divididas
La sentencia acaparó las portadas de la prensa guatemalteca, pero también tuvo resonancia en América Latina y en otras partes del mundo: Ríos Montt se convirtió en el primer líder latinoamericano, y uno de los pocos en el mundo, en ser condenado por genocidio.
El juicio histórico develó que la reconciliación en Guatemala aún es tema pendiente, y revivió heridas de la guerra civil (1960-1996). Agrias discusiones se entablaron entre militares, grupos de derecha y empresarios que niegan que haya habido genocidio en el país, y grupos sociales, académicos y activistas humanitarios que exigían el reconocimiento de que se comentió ese delito.
Para José Santiago Molina, presidente de la cúpula empresarial, las muertes fueron producto de «una guerra que enfrentó a dos bandos» y no de un plan para exterminar a los indígenas, con lo que coincide con el presidente Otto Pérez, quien el viernes dijo que respeta el fallo, pero reiteró que en Guatemala no «hubo genocidio».
El sociólogo Carlos Guzmán Böckler indicó que la sentencia condenatoria «le dará a la opinión pública en general y a los habitantes de las zonas donde se sintieron horrorizados por las tácticas de tierra arrasada una satisfacción que, hasta la fecha, no habían podido tener».
Pero advirtió que «quienes desde sus fincas o empresas impulsaron las matanzas, van a quedar disgustados y manifestarán por medios de comunicación versiones que tiendan a desvirtuar los méritos de la sentencia».
El analista independiente Renzo Rosal dijo al diario Siglo 21 que la batalla legal seguirá hasta tener una sentencia en firme, «pero al día de hoy se tiene un rostro de verdad, justicia y memoria histórica».
«Esta sanción es reconocer que el Estado violentó la vida de civiles durante el período del conflicto armado y que la reconciliación nacional pasa por la aplicación de justicia», opinó por su lado el analista Cristhians Castillo, de la estatal Universidad de San Carlos.
El gobierno de facto de Ríos Montt, que comenzó el 23 de marzo de 1982 y concluyó el 8 de agosto de 1983, fue uno de los más sangrientos de la guerra civil que sufrió el país de 1960 a 1996, la cual dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según la ONU.
