Este jueves, cuando se vencía el plazo para la discusión del Anteproyecto de ordenanza sobre Terrenos Municipales y su Administración, el Concejo Municipal en pleno, decidió postergar 120 días el lapso de consultas de dicho instrumento jurídico “y de ser necesario, otros ciento veinte días más para que todas las organizaciones comunitarias, gremios e instituciones, aporten sus recomendaciones”, anunció el edil Hugo Herrera, presidente de esa corporación deliberante.
Luego que representantes de las denominadas Sala de Batalla de las tres parroquias de Palavecino, así como consejos comunales se apostaran con pancartas frente a la sede de los poderes públicos para exigir la paralización del proceso de aprobación de la cuestionada ordenanza, acusando a los concejales de oligarcas y traidores al proceso revolucionario, la directiva tomó la decisión de postergar la consulta para darle oportunidad a todos de discutirla con detenimiento.
Herrera reiteró su agradecimiento a los medios de comunicación por la oportunidad de masificar la información detallando que la concentración y el sitio impuesto “ha sido manipulado por tres o cuatro personas malintencionadas que han querido hacer ver que en esta Ordenanza no ha habido participación ciudadana”.
-Para el proceso de construcción de este instrumento jurídico, se invitó por escrito a 108 consejos comunales, las tres salas de batalla, 27 instituciones entre públicas y privadas, así como a los medios de comunicación privados y públicos, quienes reseñaron el proceso de consulta en donde por cierto participaron muchos de los que se concentraron en las afueras del concejo, señaló Herrera.
Dijo que el Comité de Tierra de El Palaciero presentó su propuesta por escrito con un extraordinario sustento jurídico.
Reiteró que el ayuntamiento cumplió con todos los parámetros regulares para la consulta.
Ordenanza para la burguesía
El parlamentario local rechazó los calificativos de traidor al proceso revolucionario y de apoyar una ordenanza que beneficia a la burguesía y atropella los preceptos constitucionales.
-Yo preguntó: ¿será entonces que todos los habitantes de la parroquia Agua Viva son burgueses, colocando como ejemplo a los residentes de Vallecito, La Uva, La Cruz y Las Tunas, entre otras?, dijo respondiendo a la interrogante planteada por EL IMPULSO sobre el destino de las nueve hectáreas ocupadas que presuntamente pertenecen a la Urbanización Agua Viva: “Todas las tierras de esa parroquia son del Municipio y nosotros se las vamos a entregar al pueblo”.
-Este proceso de entrega de tierras lo haremos a través de los Comités de Tierras Urbanos, para garantizar esos espacios para las familias, reiteró Herrera, mencionando que Cabudare y José Gregorio Bastidas entran en ese proceso.
Precisó que se entregarán más de 20 mil títulos de tierras urbanas, con lo cual se refrendaría la verdadera justicia social para la gente de Palavecino.
Otro ejemplo de coordinación entre el poder legislativo y las comunidades organizadas sería la entrega del mantenimiento de Los Rastrojos con la transferencia de competencia al consejo comunal de Divina Pastora.
Fue enfático en determinar que la ordenanza es un duro golpe para los invasores de oficio y revendedores de parcelas, “y se les ve en Agua Viva, también en José Gregorio Bastidas y también están metidos en Cabudare”.
Dijo el concejal, que los señalamientos de “estas cuatro personas que intentan engañar con el artículo 33 indican que este violenta el derecho a la propiedad privada, lo que es falso, porque el mismo delimita que las personas podrán tener un solo terreno municipal, y es que la tierra tiene una función social para cumplir con el artículo 82 de la Constitución, por tanto en ningún caso se violan derechos”.
