El canciller Elías Jaua, en rueda de prensa a los medios de comunicación, se pronunció sobre el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la decisión del Estado venezolano de no renovar la concesión del canal Radio Caracas Televisión (RCTV).
Dijo que en la CorteIDH «se compran las sentencias, especialmente esas comisiones están controladas por los grandes medios de comunicación para garantizar tener el poder. En Venezuela el poder es el pueblo y el Estado como administrador de esa frecuencia tiene el derecho de otorgar esa frecuencia o no», dijo.
«Si la Corte decide que tenemos que restituirle la frecuencia a un determinado grupo económico, tendrán que invadirnos para obligarnos a acatar una decisión contra la paz y la estabilidad de Venezuela», enfatizó.
Jaua aseguró que se pretender dictar una sentencia que limitaría y anularía la competencia de los Estados con respecto al espectro radioeléctrico. «No es un patrimonio de un grupo económico, quien tiene la capacidad de emitir esas concesiones es el Estado y las puede dar o no».
Afirmó que no acatarán la sentencia por «inmoral, tarifada y violatoria de los Estados».
Caso Colombia
En referencia las declaraciones del defensor del Pueblo en Colombia, Jorge Armando Otálora, el Canciller de la República informó que están tratando el tema diplomáticamente.
«Nuestra Fuerza Armada Nacional expone que hay situación de minería ilegal del lado de la frontera venezolana y se hizo un procedimiento establecido y se colocó a los detenidos a manos de la Fiscalía de la República», acotó.
