Su preocupación por las consecuencias que pueda tener para la sociedad, la campaña de «instigación al odio» de quienes disienten de la ideología oficialista, que aseguran se mantiene desde las instituciones del Estado, expresaron este lunes organizaciones de derechos humanos.
«Se persigue a la disidencia y esto lo denunciamos como un nuevo patrón sistemático que se viene dando en todo el país. Incluso voceros todos los días amenazan a través de los canales del Estado. Tratan a los que no están con ellos como enemigos y esto causa preocupación, porque sabemos que esta instigación al odio, puede causar respuestas que no queremos que ocurran», declaró la presidenta de la ONG, Nueva Conciencia Nacional, Tamara Sujú.
En el marco de una rueda de prensa, la abogada señaló que esta «criminalización» alcanza también a las organizaciones de DDH.
Así mismo, cuestionó el papel parcializado desempeñado en toda esta situación por la Fiscalía General de la República, que es una institución del Poder Moral cuyo tarea constitucional es garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos sin distingo político o de ninguna otra índole.
«En lugar de perseguir a quien piensa distinto, habría que preguntarle a la Fiscalía qué está haciendo con las denuncias que llevan las víctimas, los que han sido torturados, perseguidos. Qué ha pasado con los proyectos de amnistía para los presos políticos y aquellas denuncias por tratos crueles e inhumanos», manifestó Sujú.
“El Ministerio Público debe aplicar justicia sin distingo alguno, porque todos los venezolanos, sin excepción, tienen ese derecho”, recalcó además.
27 presos políticos
En la rueda de prensa ofrecida este lunes estuvieron presentes además los representantes de las ong´s Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), y Foro Penal Venezolano, Jackelyn Sandoval y Alfredo Romero, respectivamente.
La primera de ellas subrayó el carácter represivo del gobierno chavista, que se ve reflejado en los 600 casos de prisioneros políticos registrados en los últimos 14 años. Para Sandoval, resulta especialmente alarmante las expectativas a futuro, considerando que 195 de estos casos corresponden al gobierno de Nicolás Maduro, contando las detenciones del 15 y 16 de abril.
“¿Hacia dónde vamos con esta persecución a la disidencia y el pensar distinto cuando se cercena el derecho de parlamentarios legítimamente elegidos? Es una situación grave que debe llamar a la reflexión al mismo Gobierno, que debe procurar gobernar para todos, incluso para quienes no votaron por él”, expresó la abogada y defensora de DDHH.
Sandoval comentó que en total, quedan 27 presos políticos en las cárceles del país. Fundepro ha enviado varias comunicaciones a la presidencia de la República, para solicitar una audiencia, sin embargo hasta la fecha no han recibido respuesta alguna.
