Para alguien que ejerce la Presidencia tras la celebración de unos comicios plagados de tantas sombras de dudas, la actitud que menos lucía aconsejable, o prudente, era la que precisamente asumió desde que suplantara al líder original: esa postura intemperante, altanera, que, por lo demás, nada bien le calza y pareciera pautada, y forzada, por quienes dentro del propio mundo del oficialismo podrían estar apostando a su temprana ruina política.
Se encuentra en marcha un recurso contencioso de impugnación del proceso electoral del 14 de abril. La sólida argumentación jurídica se apoya en un grotesco repertorio de arbitrariedades, violaciones a la norma, y muestras de ventajismo oficial, que estuvieron a la vista de todos, y, lo más importante, el Comando Simón Bolívar se preparó para documentar debidamente. De manera que por muy rojo rojito que sea el Tribunal Supremo de Justicia, mucho trabajo le costará rebatir tal cúmulo de pruebas, en algunas de las cuales hay jurisprudencia del propio TSJ.
Y si el máximo tribunal de la República se aventura a producir una decisión inmoral, empañada por la parcialidad, y actúa cual dependencia judicial del PSUV, como se teme, entonces peor para quien carga con la cruz, o sambenito, de ilegítimo. Los ojos de buena parte del mundo están posados sobre Venezuela, con expectación y recelo. En una palabra, con dudas, enteramente razonables. Es lo que vuelve inexplicable la torpeza manifiesta, y temeraria, de quien, según las cuentas del CNE, ganó con una ventaja de apenas 224.000 votos (1,49%).
Una brecha tan ínfima, y encima puesta en entredicho, exigía una alta dosis de humildad. Un líder de mediana vocación democrática habría admitido entender el claro mensaje de sus compatriotas. Un dato resulta demoledor: cerca de un millón de afectos al oficialismo, que votaron por Hugo Chávez el 7-0, pese al duelo y su atosigadora explotación política, no le trasladaron a Nicolás Maduro su confianza. Lo lógico es que se sintiera motivado a convocar a la unión de todos, a la búsqueda de consensos y acuerdos mínimos para sacar al país adelante. Y ante las suspicacias que despierta el resultado electoral, hacer buena su propia palabra, comprometida ante la nación horas después del veredicto del CNE: “Que se abra el cien por ciento de los cajas, no tenemos miedo”.
Pero no. Un Maduro vacilante, con menguado piso político, y ayuno, por lo demás, de las habilidades y recursos del “comandante eterno”, optó por declararle la guerra a medio mundo. Pretendió acallar las protestas en las calles con tanquetas y gases lacrimógenos, y con agresiones a los diputados, en el hemiciclo. Celebró el desmán de la clausura del parlamento. Se obstina en reclamar a sangre y fuego reconocimiento para sí mismo, cuando tarda en reconocer, como está obligado, a por lo menos la mitad de la población que no le dio el voto, pero no por eso ha perdido derecho alguno, ni su ciudadanía.
Nadie creyó el cuento de que el cineasta estadounidense apresado revestía peligro cierto. A ese expediente lo sigue la detención del general (r) Antonio Rivero, sin más soporte que un video en el cual instruye a unos jóvenes sobre cómo protegerse de los ataques de la policía con las tapas de ollas mondongueras (pero es acusado de delitos que podrían acarrearle de 6 a 10 años de prisión). Y el ofrecimiento del canciller español, Manuel García-Margallo, para servir de mediador, lo vieron como un atrevimiento intolerable. Los mismos, por cierto, que mediaron con las FARC y opinan y censuran sobre lo que les venga en gana. ”Saque sus narices de Venezuela, canciller español impertinente”, gritó Maduro, no sin antes amenazarlo con la aplicación de “medidas ejemplares”. También despacharon a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y al canciller del Perú, por sugerir diálogo y tolerancia.
Presenciamos el lastimoso descrédito continental de Venezuela. El país dejó de ser referencia democrática. La imagen que desde aquí se proyecta es deplorable. Perú podría ser secundado por Chile y otros países de la región. La Unión Europea también exige transparencia electoral, que prevalezca el Estado de Derecho. En tales circunstancias, es difícil que un Presidente cuestionado, a quien le aguardan situaciones económicas y sociales difíciles en los meses venideros, logre imponer una agenda contraria al espíritu de la democracia, a la verdad, a la justicia.
Esa agenda no prosperará. Es inviable.
