Un ambiente de decepción, incertidumbre y hasta tensión prevalecía este viernes en el sector Yucatán, parroquia Tamaca, en la vía hacia Duaca, donde el Gobierno Nacional lleva a cabo un gigantesco desarrollo habitacional que supera las cuatro mil viviendas.
Todo se debe al desacuerdo de los trabajadores de la construcción que allí laboran ante el decreto sobre aumento del salario mínimo emitido este primero de mayo.
En el desarrollo habitacional que se ejecuta en el sector señalado laboran 5.800 trabajadores que se sienten ignorados pues ese aumento sólo favorece a quienes devengan salario mínimo y ellos están por encima del mismo, de allí que no fueron beneficiados por ese incremento.
Para este viernes había sido convocada una asamblea de toda esa masa laboral con el fin de decidir las acciones a tomar con el propósito de que el Gobierno les tome en cuenta pues consideran que, aun cuando están por encima del salario mínimo oficial, sus ingresos no son suficientes ante el incremento del costo de la vida, sobre todo luego de las dos devaluaciones aplicadas por el presidente Nicolás Maduro este año.
Aun cuando una buena parte del personal obrero estaba presente, debido a la lluvia no pudieron estar todos y la dirigencia del Sindicato de la Construcción decidió convocar de nuevo la asamblea para el lunes próximo, esperando unanimidad en lo que se decida.
Los dirigentes sindicales presentes en el sitio de trabajo se abstuvieron de ofrecer declaraciones a los medios de comunicación argumentando que era mejor esperar los resultados de la asamblea del lunes.
Sin embargo, el ambiente en Yucatán, donde se construyen 4.032 viviendas del convenio Venezuela-Irán por parte de la constructora Kayson Company C.A. es de ejercer presión, incluso llegar a un paro o al menos retrasar la obra hasta que el Gobierno nacional apruebe un aumento para todos.
Uno de ellos también se quejó de que está retrasada o paralizada la discusión de un contrato colectivo a nivel nacional para los trabajadores de la construcción, lo que mantiene en situación de emergencia a todo el gremio en el que se incluyen los 5.800 que laboran en Yucatán para el convenio Venezuela-Irán.
“Ya no aguantamos más con estos pobres salarios y estamos dispuestos a hacer presión para que nos tomen en cuenta a la hora de aprobar beneficios laborales”, manifestó uno de los presentes quien prefirió no identificarse.
