La decisión de la junta directiva de la Asamblea Nacional de negar el derecho de palabra a los diputados que no reconozcan al Presidente electo de la República así como los hechos de violencia ocurridos en el seno del hemiciclo contra los parlamentarios de la Unidad Democrática William Dávila, el martes 16 de abril, y Julio Borges, María Corina Machado, Nora Bracho y Américo De Grazia, el martes 30 de este mismo mes; son una desnaturalización de la esencia y razón de ser de cualquier cuerpo legislativo en un sistema democrático, ya que el mismo debe ser la expresión de la diversidad y pluralidad del país, lo cual implica libertad de conciencia en el debate de las ideas, tal como lo consagra el artículo 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV):
«Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal”, destacó Súmate en comunicado dirigido al país.
“La junta directiva de la Asamblea Nacional y la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) saben que no existe mayor legitimidad para un diputado que el haber sido elegido por los ciudadanos para ocupar ese cargo. Por ello, cuando se desconoce cualquiera de sus derechos a un diputado en el ejercicio de la representación de sus electores, no se está actuando sólo contra ese parlamentario, se les está negando esos mismos derechos a todos los ciudadanos que a través de su voto manifestaron la voluntad de ser representados por éste”.
Súmate le recuerda al PSUV que “el derecho de palabra de un parlamentario sólo se pierde, de acuerdo al artículo 71 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN), cuando se ausenta en el momento de ser llamado a usarlo o cuando se salga de la materia en discusión”. También podrá perderse el derecho de palabra cuando el orador u oradora de manera ostensible y reiterada se salga del tema.
