Hasta la fecha la Universidad Central de Venezuela no ha recibido ningún tipo de solicitud formal por parte del Consejo Nacional Electoral, para recibir soporte técnico al proceso de auditoría de verificación ciudadana fase 2 el cual fue solicitado por la Mesa de la Unidad Democrática al ente comicial.
La información la dio a conocer el rectorado de la mencionada casa de estudios, a través de un comunicado de prensa, donde aclaran que la presidenta del CNE, rectora Tibisay Lucena, no podía utilizar el nombre de esta institución tal como lo mencionó el pasado sábado en cadena nacional de radio y televisión, donde afirmó que en el proceso de auditoría estarían participando técnicos auditores de la UCV.
En ese orden de ideas, las autoridades afirmaron que “no ha sido solicitada a la UCV colaboración alguna para los fines señalados por la Rectora Lucena. Si personas o equipos técnicos conformados por profesores de la Universidad Central han sido contratados por el CNE para prestar servicios profesionales en los procesos de auditoría, en manera alguna vinculan a nuestra casa de estudio con el proceso, metodología y resultados que pudieran derivarse”, apuntaron.
Asimismo, aclararon que actividades acordadas por miembros de la institución no la comprometen salvo que exista la autorización correspondiente por parte del Consejo Universitario.
“La Universidad Central de Venezuela está dispuesta, como lo demuestra su historial, a contribuir en todos aquellos asuntos que permitan resolver controversias y procurar armonías y acuerdos en beneficio del país”, destacaron en la misiva.
Hay jurisprudencia con los cuadernos
Jesús Rangel Rachadell, miembro de la dirección nacional del partido Copei, informó que la Sala Electoral del TSJ, tiene una sentencia número 32 del 19 de febrero de 2002, donde el Consejo Nacional Electoral le hizo una experticia a los cuadernos de votación, en el municipio Jesús Enrique Lozada del estado Zulia.
Rangel, quien fue el abogado que solicitó la nulidad de las elecciones, en el caso señalado, indicó que la coincidencia del caso del municipio Jesús Enrique Lozada, en el año 2000 fue que los cuadernos presentaban inconsistencias.
