No existen evidencias o indicios, por parte del Ministerio de Finanzas ni del Banco Central de Venezuela, luego de transcurrido más de un mes de la realización de la primera subasta de divisas, por $ 200 millones, que fueron repartidos entre 383 empresas, que se tenga entre los planes inmediatos convocar a una nueva subasta.
En efecto, los reclamos de los distintos gremios de la producción, ante la escasez de divisas en el mercado, se han venido intensificando, por cuanto los inventarios de las industrias cada día se reducen, ya se habla de 12 a 13 días, mientras que se ha venido registrando en las últimas semanas, la figura del “préstamo” o “trueque” de materias primas e insumos entre las empresas para poder continuar produciendo y evitar una paralización, lo que agravaría el desabastecimiento, estimado según las cifras oficiales en 22%.
La primera subasta se celebró el 26 de marzo, luego de una convocatoria por parte del instituto emisor, a través de la cual se estableció que solamente podrían participar aquellas empresas inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema Administrado de Divisas de Cadivi y el Registro de Información Fiscal (RIF) emitido por el Seniat, calificándose el primer requisito como “excluyente”, ya que más del 90% de las industrias que operan en el país, especialmente las pequeñas y medianas, no están inscritas en el Rusad.
En esa oportunidad se subastaron US$ 200 millones, indicando Fedecámaras que esto representa el 0,02% de las necesidades del aparato productivo venezolano, mientras que más recientemente el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), dijo en conferencia de prensa, que sus requerimientos diarios de divisas superaban los $ 150 millones.
Ante estos escenarios, ya se escuchan las voces de representantes de la empresa privada, quienes temen que el Sicad vaya a tener el mismo destino, que el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), organismo que en su mejor momento llegó a realizar operaciones por el orden de los US$ 45 millones por día, que resultaban insuficientes, pero las condiciones para participar en sus operaciones tenían mayor flexibilidad, quedando totalmente en el aire los empresarios que utilizaban este esquema, cuando de un “plumazo” el pasado 8 de febrero cuando se anunció la devaluación del 46,5% de la moneda.
En este momento Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Fedeagro, Cavidea, Cifar, entre otras organizaciones gremiales, han alertado en todos los tonos, los riesgos que representa para el abastecimiento de bienes y servicios, el agotamiento de las divisas; sin embargo, nada se sabe de nuevas subastas, tampoco de mecanismos alternos y tanto Finanzas como el instituto emisor, no han tocado este tema en forma concreta.
El presidente Maduro, más preocupado al parecer por el problema eléctrico, ha dicho que se va a comenzar a entregar divisas para el aparato productivo. Sin embargo, se estima que las obligaciones que se deben atender, superan los US$ 53.000 millones, lo que supera ampliamente las reservas internacionales que la última semana cerraron con un saldo de $ 26.335 millones.
BCV dicta mecanismos en torno al encaje legal
Una fórmula a través de la cual se rebaja el encaje legal a aquellas instituciones financieras que adquieran Certificados de Participación Desmaterializados 2013 emitidos por el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción S.A., durante el año 2013, estableció el Directorio del Banco Central de Venezuela.
De acuerdo con la resolución N° 13-04-01, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.155 de fecha 26 de abril, que circuló este lunes, advierte que la emisión de estos títulos se enmarca en el programa de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Tal como lo establece la resolución, todos los bancos están obligados a congelar 17 bolívares de cada 100 que reciban como depósitos, con la finalidad de adquirir los certificados aquí mencionados.
