La productora mexicana de harina de maíz y tortillas Gruma continúa operando sus plantas en Venezuela conjuntamente con las autoridades de ese país y aún negocia con el Gobierno los términos de su expropiación decretada hace casi tres años, dijo el lunes un portavoz de la empresa.
Gruma reveló la semana pasada en su reporte de resultados del primer trimestre que había sido «despojada» en enero del control de sus filiales Molinos Nacionales (Monaca) y Derivados de Maíz Seleccionado (Demaseca), y que por ello tuvo que dejar de consolidar esos activos en los del grupo para adecuarse a estándares internacionales de contabilidad.
La gigante mexicana, con 15 plantas en Venezuela y expropiada en mayo del 2010, argumentó que la decisión se tomó con base a una providencia del Gobierno venezolano con la que nombró a unos administradores especiales para Monaca y Demaseca con amplias facultades de control.
«Cabe mencionar que aunque oficial y legalmente el control se le otorgó a estos administradores especiales allá en Venezuela, en la realidad Gruma continúa actualmente operando las empresas como veníamos haciendo desde el momento que se dio la expropiación», dijo el lunes a Reuters un portavoz de Gruma en una breve entrevista telefónica.
El Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez argumentó que tomó las plantas a inicios el año para asegurar bienes relacionados indirectamente con un empresario venezolano -Ricardo Fernández-, que tenía una participación minoritaria en las filiales y que es investigado luego de que tres pequeños bancos de su propiedad fueran intervenidos en 2010.
Durante el largo proceso de nacionalización, autoridades venezolanas dijeron que estarían dispuestas a conformar empresas mixtas con la firma mexicana para asegurar el suministro de alimentos, en medio de una severa e intermitente escasez en la nación petrolera.
Sin embargo, hasta ahora no se ha acordado esa posibilidad o
el pago de una compensación por las plantas, de las cuales cinco son de harina de maíz, cinco de trigo y otras cinco de otro tipo de alimentos.
«Se ha platicado sobre la posibilidad de trabajar como empresa mixta, eso no se ha firmado, y en los hechos (así) viene operándose (…) Continuamos en buenos términos las negociaciones y el tema de la compensación no se ha tocado de manera específica, nosotros estamos enfocados en seguir operando la empresa conjuntamente con el Gobierno», agregó el portavoz.
En el reporte trimestral, Gruma dijo que no podía asegurar que se desarrollen nuevas negociaciones con el Gobierno, ni que las mismas serán exitosas o resulten en una compensación adecuada.
La empresa, que no tiene asegurados sus activos venezolanos contra expropiación, dijo que no descarta acudir a arbitraje internacional para reclamar una compensación, aunque Venezuela se retiró el año pasado de un tribunal del Banco Mundial donde aún encara más de una docena de conflictos por unos 45.000 millones de dólares.
Funcionarios gubernamentales de Venezuela no estuvieron disponibles para comentarios.
Gruma, dedicada principalmente a la producción de harina de maíz, tortillas y harina de trigo, advirtió que anotó un 10 por ciento de sus activos, correspondientes a sus bienes en Venezuela, en el renglón de «activos disponibles para la venta».
Durante sus 14 años de Gobierno, Chávez lideró una oleada de expropiaciones en áreas sensibles de la economía como petróleo, alimentos y telecomunicaciones, lo que dejó una estela de reclamos internacionales que deberán ser enfrentados por su heredero político, el presidente Nicolás Maduro.
