Rafael Narváez es un hombre que desde hace 26 años, específicamente del año 1987, ha batallado por los derechos humanos de las víctimas de la violencia.
Fue en dos ocasiones diputado a la Asamblea Nacional, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y tiene un posgrado en Derecho Procesal Penal, realizado en la misma casa de estudios. Actualmente ejerce como abogado y sigue siendo fiel defensor de los derechos humanos.
Con el pasar de los años el Estado ha ido perdiendo el control en las calles, de las cárceles y del Poder Judicial, situación que ha propiciado el incremento de la violencia e inseguridad en todos los rincones del país.
Se estima que en Venezuela se cometen alrededor de 20 mil homicidios al año, situación que ha ido agravándose desde hace 14 años, pues desde el año 99 se registra un total de 156 mil personas que han perdido la vida en manos de la delincuencia.
Se cree que más de 7 millones de armas están en la calle y la situación cada vez es más incontrolable para el Gobierno Nacional, manifiesta Narváez, quien también pregunta cuántas muertes tienen que seguir ocurriendo para que realmente se lleve concrete un desarme de la población.
Los problemas de impunidad, retardo e inseguridad que se viven en el país, vienen de una cadena, de un círculo, no se ha logrado controlar un centro penitenciario, no se ha logrado desarmar, por el contrario, es aquí donde se están cometiendo la mayor cantidad de delitos.
No se puede negociar con pranes
El especialistaen la materia indicó que una de las principales causas del descontrol en las cárceles, es que las personas al frente del Ministerio de Servicios Penitenciarios no estén preparadas académicamente y no cuenten con un equipo multidisciplinario integrado por expertos que tengan la voluntad de decirle o explicarle a la ministra todos los problemas de coyuntura.
“No se puede negociar con pranes, líderes de cárceles, ni irregulares, porque cuando violas un acuerdo y tienes que arremeter para imponer orden es cuando se generan las confrontaciones y derramamientos de sangre”, enfatizó Narváez, indicando que esta fue la situación que se presentó en Uribana el 25 de enero del año en curso.
Una de las posibles acciones que se deben tomar es que los pranes tienen que ser aislados, para que no tengan dominio sobre la población general de internos, una vez tomado el control se procede a realizar una requisa profunda, sin contemplación, pero respetando los derechos humanos de los internos. Posteriormente se tiene que aplicar una clasificación, así como rotar de forma mensual a los funcionarios de la Guardia Nacional y los Custodios y Custodias, para de este modo combatir la corrupción en los penales.
El abogado alega que la clasificación es parte de la industria carcelaria y la misma no se llevará a cabo porque se le acabaría el negocio a los castrenses, a los directores de centros penitenciarios y todos aquellos trabajadores que se prestan para ingresar objetos a un centro de reclusión. “Estamos claros que un familiar no introduce un fusil y mucho menos una granada, porque a través de estudios se ha determinado que una espoleta es sumamente sensible ante el contacto del cuerpo de una persona. Todo el arsenal de armas, que tienen los reos lo meten por la puerta grande”, aseguró Narváez.
Internos chantajean al Estado
Los privados de libertad han tomado poder sobre el Estado, porque se les ha dado la potestad de chantajear al Gobierno como quieran, siempre hacen una huelga de hambre, de sangre, judicial y en ocasiones secuestran a familiares, colocando a niños como escudos, pidiendo una reforma de una ley, algunos beneficios y a la final son concedidos por el Gobierno Nacional. Los privados de libertad pasan a ser parte del binomio de hechos delictivos que se registran en el país, porque desde las cárceles se están planeando secuestros, homicidios y todo tipo de hechos ilícitos.
“Se supone que quien está en la cárcel es porque cometió un delito y debe pagar por ello, el único derecho que debe tener el victimario dentro de un recinto es a la salud, el estudio y un debido proceso”, recalcó el profesional de derecho; explicando a su vez que dicha situación no se aplica a la realidad, porque son los Fiscales del Ministerio Público quienes tienen que presentar las acusaciones y el término de las investigaciones al momento, pero en el país existe un déficit de 1.500 funcionarios de dicho departamento y los que están cada uno maneja 3 mil casos, generando un gran retardo en el proceso que una vez que llega a manos de un juez, continúa todo un protocolo.
Mayor hacinamiento
“Actualmente en las cárceles Venezolanas se calcula una población de más de 45 mil personas y la situación de hacinamiento se acentúa cada vez más, primero porque se siguen cometiendo delitos, siguen siendo llevadas personas a los centros penitenciarios y segundo porque está presente el hecho de que a los privados de libertad no sean juzgados o atendidos a tiempo, de allí se va creando el retardo procesal”, dijo Narváez.
Ahora se está estudiando la posibilidad de que las personas que cometan delitos menores sean sancionadas con trabajos comunitarios o acuerdos reparatorios, todo ello porque no encuentran dónde albergar a los detenidos, el abogado manifiesta que está no es la solución porque muchas de esas personas continúan delinquiendo y acabando la vida de personas inocentes.
En cuanto al caso de Uribana, expresó el abogado que la revisión y conteo terminó convirtiéndose en una masacre, fue una situación de la que perdieron el control y no se tenía previsto la evacuación de dicho centro penitenciario y al hacerlo trasladó el problema de hacinamiento aquí existente hacia otros penales.
Así mismo señaló que las personas que se encuentran recluidas en las diversas comisarías, en especial caso de Polilara deben ser trasladadas a los centros penitenciarios y allí ningún director de penal, ni la propia ministra debe prohibir su visita, en caso de hacerlo el juez tiene la potestad de sancionar a estos funcionarios y de no hacerlo están incumpliendo en omisión, porque son ellos los únicos que deciden dónde queda una persona recluida.
Cabe destacar que Narváez señala que es grave que luego de los hechos violentos que se suscitaron en Uribana, no exista un pronunciamiento sobre una investigación penal, nadie ha rendido cuenta de las armas que allí estaban y de la masacre que allí paso, por lo que cree que la encargada del Ministerio de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, debería tomar un descanso porque a su juicio ha tenido un mal récord en su gestión.
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