La Gran Misión Vivienda Venezuela constituyó el plan de construcción de viviendas del Gobierno propuesto por presidente Hugo Chávez, con el objetivo de solucionar de manera estructural el histórico déficit habitacional que ha padecido la población venezolana, particularmente los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables.
Producto del modelo socioeconómico impuesto en Venezuela desde la época colonial hasta nuestros días, en el que predominaba básicamente una economía de puertos y de carácter extractiva, se privilegió durante décadas la concentración de la población de manera desigual en la franja costera del territorio, ubicándose el 60% de los venezolanos en la zona norte del país.
Este desequilibrio originó que en las principales ciudades se creasen cinturones de miseria y que la población de menores recursos económicos viviese en terrenos inestables y con carencia de servicios básicos.
La Misión nació con el desafío de cumplir con la construcción de 2 millones de viviendas a escala nacional en siete años, de acuerdo con un aumento progresivo: 153 mil 404 viviendas en 2011, 200 mil para 2012, 300 mil en 2013, 325 mil para 2014, 325 mil casas para 2015, 350 mil en 2016 y 350 mil para 2017.
Esta estrategia nacional, incluía la convocatoria al pueblo organizado, los gobiernos regionales y municipales, así como al sector privado, banca y empresariado, mientras que en materia internacional se suscribieron acuerdos en materia de vivienda y hábitat con países del Sur, Europa, Medio Oriente y Asia.
En marcha
Hasta la fecha la Gran Misión Vivienda Venezuela ha concluido un total de 365 mil 400 hogares, según cifras oficiales.
Una de sus aristas más importantes tiene que ver con las modalidades de financiamiento, que abarca desde subsidios (un dinero que es otorgado por el Estado y no reembolsable por los ciudadanos) para las familias de menores ingresos hasta condiciones preferenciales para la clase media, como el otorgamiento de créditos sin inicial.
Quienes devenguen un salario mínimo mensual, cuentan con 80% de subsidio; dos salarios mínimos, 54,1% de subsidio; tres salarios mínimos, 30% de subsidio, y hasta cuatro salarios mínimos, 10% de subsidio.
El costo de las casas está situado en un máximo de 300.000 bolívares, con plazos de financiamiento de hasta 30 años.
La Misión tiene como prioridad a quienes perdieron sus casas como consecuencia de las intensas lluvias. Son personas que se vieron forzadas a ocupar terrenos inestables dada la imposibilidad de adquirir un techo óptimo.
El 18 de enero pasado, tras sostener una reunión con representantes de la banca pública y privada para definir las nuevas condiciones de la cartera hipotecaria para 2013, el coordinador del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, Rafael Ramírez, precisó que el Gobierno aprobó recursos para el subsidio habitacional de 2011 y 2012 por 1.578 millones de bolívares y 1.219 millones para cancelar el último trimestre del año pasado.
Realidad larense
Para este año, la meta de la Misión Vivienda en el estado Lara es la construcción de 23 mil 400 viviendas, las cuales estarán repartidas entre los proyectos del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y las sustituciones de ranchos por viviendas tramitadas a través de la Corporación Jacinto Lara y los consejos comunales que han presentado sus proyectos.
Entre los planes que se espera desarrollar se encuentran las segundas etapas de Patarata, Rancho 5-A y Yucatán, urbanismo desarrollado por el Instituto Nacional de la Vivienda, así como la Comuna Che Guevara, Fortaleza 50-40, Villa Productiva y Pedro León Torres, esta última ubicada en Carora.
Se han construido 3 mil 698 casas en lo que va del presente año y desde el 2011 hasta la actualidad, se han levantado 6 mil 817 a los largo y ancho del territorio larense.
Hasta ahora, en Lara hay al menos 234 mil personas inscritas en la Misión Vivienda con la esperanza de tener su casa lo más pronto posible.
Esperanza intacta
Son miles las personas que aún se mantienen con la esperanza intacta de poder, algún día, disfrutar de una vivienda digna. Cambiar su diminuto espacio de zinc, por uno amplio de bloques y cemento, con todos los servicios básicos para poder vivir con todas las de la ley; sin embargo los trámites se han vuelto cada vez más engorrosos, y los beneficiados no alcanzan la mayoría de la población más necesitada.
La solicitud de una vivienda ante el Ministerio de Vivienda y Habitad no es cosa fácil, desde 2011, muchos se han armado de paciencia para acudir ante este organismo y, semana tras semana, consignar los documentos que son exigidos para la adjudicación de una casa.
Una mañana en la oficina regional del Ministerio de Vivienda y Habitad parece interminable. En un día normal, más de 300 personas se acercan para cumplir con los trámites, acudir a una audiencia o chequear el estado de su solicitud, que en oportunidades alcanza los dos años de formulada.
Allí, no hay distingo de edades, sexo o condición, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y hombres se concentran en el patio esperando su turno.
Los funcionarios se esfuerzan por ser amables y atender a todos, pero la cantidad de personas es numerosa para el espacio y el personal que labora en esta dependencia.
Otros por su parte, acuden más de dos veces por semana con el fin de solicitar ayudas para la reparación de una vivienda o edificio que con el paso del tiempo y una mala calidad de la construcción se ha vuelto inhabitable. La falta de recursos y otros espacios donde mudarse los obliga a convivir entre grietas y el peligro de que en cualquier momento su hogar se les venga encima.
Este es el caso de Vicente Durán, uno de los residentes del Bloque 10 de la Urbanización El Obelisco, quien desde hace dos años ha visto el deterioro de la infraestructura donde formó su hogar y ha emprendido una inagotable lucha para conseguir que desde el Inavi les presten algún tipo de ayuda.
“No tenemos a dónde ir, entonces tenemos que quedarnos allí, a pesar del peligro. En el Inavi no dan ningún tipo de respuestas y falta que pase una tragedia para que se lamenten de no habernos ayudado nunca”.
Lo que comenzó como un gran proyecto esperanzador, con la Misión Vivienda, no fue suficiente para responder a las necesidades de un pueblo que clama por obtener su techo digno.
Maraña en la asignación
Otra de las trabas que han conseguido los inscritos en la Misión Vivienda en el estado Lara, ha sido la adjudicación irregular de las soluciones habitacionales.
Familias que por años han esperado una vivienda, son dejadas por fuera de los listados donde son incluidas personas de estados foráneos y ajenos a la comunidad.
En 2012, treinta familias a las que les correspondía la asignación de viviendas en el complejo habitacional Rancho 5A, ubicado en el sector El Ujano del municipio Iribarren, se quedaron fuera porque muchas de estas viviendas fueron entregadas a damnificados provenientes de Caracas, que ahora han decidido vender por lo lejos que se encuentran de sus familiares.
En esa oportunidad, denunciaron que habían apartamentos que aún no eran habitados y, según la lista de las familias en espera, se encontraban asignados a funcionarios del Gobierno en el estado.
Esta situación generó molestia entre las personas censadas para optar a una de las casas construidas por el Gobierno Nacional en la entidad.
También, habitantes del sector ocho de Indio Manaure esperaban por soluciones habitacionales que fueron prometidas con la construcción de Rancho 5A. Ellos acudieron a las oficinas del Inavi y la respuesta que recibieron por parte del director fue que “la orden venía de Caracas”, y para tratar de solucionar el problema les dieron la opción del Urbanismo Gloria del Sur, en Sarare.
Al trasladarse hasta el lugar, los censados afirmaron que eran viviendas no habitables por no contar con los servicios públicos. Finalmente, dijeron que debían esperar la culminación de las Torres del Sisal, proyecto que aún no tiene fecha de entrega.
En el Urbanismo Villa Asoconoro, ubicado en el barrio El Carmen, se presenta el mismo caso; la construcción comenzó en el año 2005 con un presupuesto inicial de 12 millones de bolívares y en el 2008, fue paralizada por supuesta insuficiencia de recursos. Quien estaba a cargo para esa fecha, el ciudadano, Wilmer Perozo, fue detenido el 12 de mayo del 2011 por estar involucrado en estafa a los dueños de los apartamentos.
Meses después se logró continuar la obra, sin embargo, muchos de los apartamentos comenzaron a ser asignados, supuestamente por el Inavi, a familias que no estaban incluidas inicialmente en el proyecto. Los propietarios se dirigieron a la Fiscalía del estado, la Defensoría del Pueblo, Banavih, Inavi y hasta la fecha continúan sin respuesta y sin viviendas.
