En el año 2011 el Gobierno comenzó a implantar la Misión Vivienda y para atender ese plan intentó incrementar las inversiones y estableció prioridades en el manejo de los insumos. Si bien en ese año se realizaron más de 146 mil casas públicas y privadas, la información oficial muestra que en 13 años, los entes oficiales y los privados fabricaron en total 648 mil viviendas.
Para la presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, Shoymei Lau, aunque se registró un pico en la producción de unidades habitacionales, no hubo planificación. La emergencia hace que se caiga en un desarrollo anárquico de la vivienda. Desde hace tiempo se dejó de planificar, y esto se evidencia con la escasez de tierras urbanizadas.
La construcción de viviendas en el sector privado se encuentra prácticamente paralizada, debido a la restricción en las ventas de materias primas como el acero que proporciona Sidor, empresa nacionalizada en 2007, la cual producía más de 4 millones de toneladas de acero y que en la actualidad produce menos de la mitad.
Asimismo, los materiales de construcción son principalmente destinados a la Gran Misión Vivienda Venezuela, dejando rezagado al sector privado.
Si bien es cierto que dicha misión fue un esfuerzo para solventar el déficit actual, ha resultado “desordenada e insuficiente”, según afirmó Lau.
Cifras obtenidas del Ministerio de Vivienda y Hábitat registran 34 mil unidades construidas en 2012.
Por otra parte, la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, reglamentos, conflictos laborales y el aislamiento del sector privado de la construcción, son elementos que generan el estancamiento del sector.
“Lo que nos impide avanzar hacia las metas planteadas es la política errónea del Gobierno de empeñarse en acumular todas las variables inmobiliarias, haciendo cuesta arriba, por no decir imposible, que el sector privado se involucre, más allá de ser simples contratistas de gobierno y aporte soluciones creativas a un problema que nos afecta a todos”.
El problema se agudiza
Según el Consejo Nacional de la Vivienda, más de 16 millones de personas viven en barrios, lo cual representa un 54% del total de la población.
Estos sectores carecen de servicios, viabilidad, seguridad, entre otros. Otra cifra a considerar son las familias que habitan en urbanismos populares que originalmente fueron planificados, ahora afectados por la ausencia de políticas de mantenimiento. Estas representan un 16% de la población total, es decir, 4.6 millones de ciudadanos.
Para la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la discusión sobre la situación de las viviendas se vuelve más urgente. Ante las evidencias que se presentan en las calles y la imposibilidad de ocultar la realidad, el Gobierno ha admitido públicamente que la ejecución de obras de viviendas presenta “retrasos considerables”.
Además, excluyó, desestimuló y desacreditó a constructores de viviendas privados, creando un clima de desconfianza y violentando el concepto tradicional de propiedad por su permisividad ante las invasiones.
Asimismo, utilizó indiscriminadamente el recurso de expropiación, apoderándose, no sólo de terrenos urbanos, sino también de las industrias que producen y distribuyen la materia prima para la construcción.
“Los más grave es que el Gobierno no ha sabido dar respuesta a los más necesitados, que son miles de damnificados que todavía permanecen en refugios, hoteles, galpones y dependencias oficiales. Es difícil entender que el Gobierno se retrase en los planes de vivienda cuando tiene el control de toda la cadena de producción de materia prima, de todos los recursos financieros de los venezolanos y hace leyes inmobiliarias a su medida”.
El problema radica, precisamente, en esa concentración de todas las variables inmobiliarias en pocas manos, sin permitir la libre participación del sector privado. “Debe cesar la exclusión, no es cierto que se podrán satisfacer las necesidades habitacionales ni se podrán cumplir los objetivos de la Misión Vivienda si las cosas se siguen haciendo como hasta ahora, porque permanecen la ineficiencia, el burocratismo, y la escasez de opciones”, destacó Lau.
Además, señaló que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela viene haciéndole propuestas concretas al país que se basan en crear ciudades sustentables y no solo viviendas. Ratificó que debe trabajarse en cuatro ejes de forma coordinada y consensuada: tierras con servicios, producción de suficiente materia prima, nuevas formas de financiación, y un marco legal estimulante.
“Si bien el Gobierno ha hecho un esfuerzo con la Misión Vivienda, y con algunas modificaciones de los créditos hipotecarios, esas decisiones no son suficientes porque se ven empañadas por la devaluación y la inflación. La realidad es que nos necesitamos todos, el Gobierno no puede solo, y el sector privado tampoco, unidos podemos llegar a la solución del problema. La solución de esta crisis debe pasar por un cambio de enfoque, donde el Gobierno pase de ser el controlador y proveedor de viviendas, a ser garante de condiciones de desarrollo socioeconómico para las familias venezolanas”.
Un problema con solución
La construcción de soluciones habitacionales ha sido insuficiente para atender la demanda, y por ello, el déficit de viviendas persiste.
El estudio Vivienda en Venezuela un problema con solución, elaborado por el economista Ángel Alayón y el ingeniero José María de Viana, señala que la producción de casas ha sido inferior al crecimiento de la población, y estima que al cierre del año pasado el déficit habitacional alcanzó 1,94 millones de unidades.
Basado en esa cifra del déficit y el censo 2011 del Instituto Nacional de Estadísticas, el reporte revela que 7,5 millones de venezolanos requieren de vivienda.
Alayón señala que si la producción de casas es inferior a la demanda que genera el crecimiento de la población, el déficit sigue creciendo, y en ese contexto, de los 7,5 millones de personas con necesidades, 2,15 millones viven en ranchos cuya estructura es cartón, tablones, latones, entre otros; y el resto, lo conforman venezolanos en hacinamiento crítico.
Para ambos especialistas, la solución del problema de la vivienda en Venezuela pasa por detener el ciclo perverso de construcciones informales y las actividades que comúnmente la acompañan, las llamadas invasiones tanto de espacios públicos como privados.
Además, no tener acceso a la formalidad, que implica derechos de propiedad garantizados por el sistema jurídico, disminuye el valor real del patrimonio de las personas de menores ingresos, imposibilita el uso de la vivienda como colateral e incrementa el número de horas laborables invertidas en defender la propiedad, lo que afecta sus ingresos.
Las políticas públicas relacionadas con la vivienda deben tomar en cuenta la heterogeneidad de ingresos y ahorros de las familias.
Y es ahí donde aparece entonces la otra dimensión importante de una política de vivienda: ¿A quiénes, en cuánto y cómo debe el Estado financiar la adquisición de viviendas?
Para los más necesitados, no existe manera de resolver el problema de la vivienda sin un apoyo económico suficiente y eficiente del sector estatal. La solución del problema de la vivienda, según los especialistas, requiere de un Estado que diseñe e implemente políticas adecuadas, que estimulen la construcción de viviendas y la demanda en los casos que así se justifique.
El reto es grande, pero no imposible. Existen experiencias y estrategias de financiamiento que permiten canalizar los recursos para avanzar en la solución del problema.
Un proyecto de esta naturaleza, solo puede llevarse a cabo en un entorno económico favorable a la inversión, con la participación directa del sector privado y en coordinación con el sector público y, por supuesto, con un sector público, que ofrezca un marco regulador de políticas públicas adecuado y cuya participación en el sector viviendas sea eficiente.
No menos importante, es un ambiente de crecimiento económico e inversión, que impacte positivamente en los ingresos y patrimonios de los ciudadanos, gracias a la creación de nuevos empleos formales y a una mayor productividad, lo cual, sin duda, facilitará las condiciones para solucionar el problema de la vivienda en Venezuela.
Sin la participación del sector privado, público y el esfuerzo de los ciudadanos es imposible solucionar la crisis habitacional.
