José Amalio Graterol, abogado de la ex jueza María Lourdes Afiuni, afirmó que con la apertura del juicio en ausencia, cuya última audiencia fue el miércoles, salieron a la luz una serie de violaciones a los derechos humanos e indicios de la creciente politización del Poder Judicial.
La primera incidencia tiene que ver con una declaración de un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quien dio a conocer la existencia de una orden emitida por el entonces director de ese cuerpo, Henry Rangel Silva, para que ninguna persona «o personalidad» detenida en su sede podía ser liberada sin su consentimiento, «independientemente de la decisión que emitiera un juez».
«Esto en principio es una violación del artículo 44, numeral 15 de la Constitución, que establece de manera muy clara que nadie puede permanecer privado de libertad después de dictada una orden de excarcelación por la autoridad competente», denunció el jurista.
De acuerdo con Graterol, esta disposición extra oficial fue la que activó el mecanismo que horas más tarde llevó a la detención de la jueza.
Represalias
La información que pondría en evidencia un caso de violación al debido proceso de los «presos políticos» que en su mayoría ocupan las celdas del Sebin, fue dada por uno de los nueve funcionarios cuyo testimonio fue citado por el Ministerio Público en la audiencia del miércoles.
A través de estas declaraciones formales, además también se pudo conocer que los tres efectivos que efectuaron el traslado de Eligio Cedeño el día que fue liberado por Afiuni, permanecieron 14 días detenidos irregularmente, como medida de represalia por haber presuntamente permitido la «evasión».
«Fueron privados ilegítimamente de libertad y puestos a la orden de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) sin que lo haya conocido un tribunal, sin tuvieran derecho a un abogado. Todo esto lo enmascararon con un supuesto procedimiento administrativo», informó el abogado al ofrecer un balance.
Afiuni es juzgada por la presunta comisión de los delitos de colaboración en evasión, abuso de autoridad y corrupción propia, a pesar de que el Ministerio Público, en la voz de su titular, reconoció que la entonces titular del Tribunal 31° de Control de Caracas no recibió dinero ni promesa de pago por haber decidido otorgar la libertad condicional al banquero Cedeño.
La próxima audiencia quedó fijada para el 8 de mayo, cuando están citados nueve testigos.
