El medio centenar de abogados que representa a los ciudadanos que fueron detenidos por las manifestaciones de la semana pasada en las cercanías del Consejo Nacional Electoral, quienes denuncian haber sido sometidos a una serie de maltratos y abusos por parte de los efectivos militares que intervinieron en las protestas, recopila por lo menos dos lotes de denuncias que la próxima semana serán enviados a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Pedro Troconis, representante del Foro Penal Venezolano y parte del equipo de juristas dedicados a la defensa a los manifestantes, indicó que la acusación se centrará en la detención arbitraria de más de sesenta ciudadanos que se encontraban en una protesta pacífica, quienes denuncian haber sido torturados por las autoridades durante el tiempo que estuvieron en custodia.
Entre los motivos para la acusación se encuentra el hecho de que los detenidos no pudieron tener contacto con sus abogados hasta un día después de la detención, además del retardo que se considera hubo en sus presentaciones ante el tribunal de control que lleva el caso, la cual habría sido posible gracias a la gestión realizada por el equipo legal.
«Actualmente estamos en el segundo capítulo de este caso, donde estamos formulando y seleccionando las denuncias de los jóvenes, que ya muchos han realizado a través de los medios de comunicación. Esperamos que el Ministerio Público, basado en la figura de notitia criminis, abra investigaciones en cuanto a cada una de las denuncias de tortura», dijo.
El asesor legal espera que la Fiscalía por lo menos atienda los casos de cuatro jóvenes, entre quienes se encuentra Sondra Rojas, cuyo caso su reseñado por EL IMPULSO, y a quien describió como una jovencita aguerrida que se opuso a reconocer imposiciones de los efectivos de la Guardia Nacional sobre quien para ella es el presidente de la República.
«Ella tiene la libertad de tener cualquier tendencia, o la escogencia de cualquier candidato de su preferencia, mas no le puede ser impuesta a golpes de botella con agua congelada para que públicamente diga si reconoce a tal o cual candidato como presidente», comentó.
Amplio expediente
La investigación ahora se centra en quienes resultaron heridos en las manifestaciones, pero que no fueron detenidos por las autoridades y también están llamados a formular sus denuncias. Troconis estima que en Lara deben existir entre 20 a 25 afectados por perdigones (no sólo de plástico, sino también de hierro y pimienta) y armas de fuego.
Criticó que de tratarse de un caso de enfrentamiento que involucre a las autoridades, a los efectivos envueltos se les abre una investigación a través de la Fiscalía de Derechos Fundamentales porque es el deber ser, lo que a juicio del abogado abre la interrogante sobre el porqué esta acción no se ha hecho todavía.
«Debería definirse si realmente tenían la necesidad de usar armas de fuego. En los medios digitales se puede ver un video titulado Represión en la calle 9 de Barquisimeto donde un muchacho es perseguido por la Guardia Nacional, y aunque es sometido contra el piso de la acera, recibe golpes y patadas».
