El órgano electoral y la oposición venezolana discutían este miércoles los alcances de la auditoría de los comicios presidenciales, seis días después de que el órgano electoral accediera a revisar el proceso que dio ganador la semana pasada al chavista Nicolás Maduro.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptara realizar la auditoría que exigió el opositor Henrique Capriles -quien perdió las elecciones hace 10 días por un estrecho margen de 1,8 puntos porcentuales-, los detalles del procedimiento han centrado la discusión.
En suma, aún se desconoce en qué consiste exactamente la auditoría y cuándo deberá comenzar, mientras se acerca la fecha -9 de mayo- en que termina el lapso para impugnar los comicios ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La comisión opositora no ha sido convocada todavía por los técnicos del CNE, dijo este miércoles al diario Tal Cual la vocera del comando de campaña opositor Liliana Hernández.
La encuestadora Datanálisis divulgó el sábado una encuesta según la cual 70% de los venezolanos apoya una auditoría de los votos.
Actualmente, «está en discusión la propuesta original del candidato Capriles, que fue en un primer momento aceptada por (la presidenta del CNE, Tibisay) Lucena, y luego parcialmente desmentida por dos rectoras» del CNE, dijo a la AFP Ignacio Ávalos, sociólogo y miembro del Observatorio Electoral Venezolano.
Se refería a Sandra Oblitas y Tania D’Amelio, quienes desalentaron expectativas sobre los alcances de este proceso.
«Aquí lo importante es que no está habiendo un acuerdo en la tramitación del reclamo de la oposición», prosiguió el especialista.
Lucena anunció el jueves pasado que se auditará una muestra de 12.000 cajas del 46% de las urnas en un período de entre 30 a 45 días.
El 54% restante de las urnas ya había sido auditado, por ley, el día de las elecciones el 14 de abril.
Esto no respondió exactamente al reclamo de Capriles de contar voto a voto, pero el líder opositor accedió, considerando que en estas 12.000 cajas había suficientes irregularidades para demostrar la supuesta ilegitimidad del presidente Maduro, investido el viernes pasado.
No obstante, Oblitas llamó el domingo pasado a «no crear falsas expectativas sobre lo que es una auditoría, que de ninguna manera revierte el resultado electoral», y remarcó que una eventual impugnación debe realizarse en una instancia judicial, cuyo plazo vence 15 hábiles después de la investidura.
Más allá de las irregularidades que eventualmente aparezcan y que podrían llegar a ser impugnadas si la oposición lo considerara necesario, explicó Oblitas, la cantidad de votos por uno u otro candidato que registrará la máquina será la misma.
En otras palabras: se revisará el proceso que condujo al resultado (contrastando, por ejemplo, el número de votos emitidos en un centro con la cantidad de personas inscritas en ese centro), pero no el resultado en sí.
Capriles rechazó estas salvedades diciendo en su cuenta en Twitter que «el pueblo no es tonto». El lunes, su comando de campaña aseguró que no aceptaría una auditoría «chimba» (mal hecha) y ha exigido desde entonces un acceso completo a los cuadernos de votación, donde se registra el padrón electoral.
La petición de Capriles incluye abrir todas las cajas, contar los comprobantes (papeletas), comparar el resultado del conteo con el acta de escrutinio del CNE, contar los votos emitidos de acuerdo al cuaderno de votación (donde se registra el padrón electoral) y comparar la cantidad de papeletas con el número de electores que sufragaron según registran los cuadernos.
Además, la oposición pide verificar si hay irregularidades del tipo de electores sin huellas dactilares y electores con distintas huellas dactilares, explicó Ávalos.
El contexto de esta discusión, según Ávalos, «es una sociedad muy polarizada donde hay dos versiones. Un resultado electoral en los alrededores del 1,8 de diferencia es difícil de tragar. Hugo Chávez en general ganó con una amplitud que no daba lugar a los reclamos».
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