La incidencia negativa de factores externos sobre la pasada elección presidencial, hace que todo el proceso sea clasificado como “inaceptable” según los estándares internacionales de observancia electoral, considera Justo Mendoza, dirigente de Avanzada Progresista y miembro del Comando Simón Bolívar en el estado Lara.
El activista explicó que desde el punto de vista tecnológico los comicios presentarían graves irregularidades, que se suma a la intromisión del Estado venezolano con todo su peso económico, además del uso de coordinadores del Consejo Nacional Electoral, a quienes calificó como “conserjes que dan líneas y participan en el proceso de la elección”.
Otro factor que interviene es la Fuerza Armada Nacional a través del Plan República, al cual Mendoza acusa de convivir con los coordinadores del Poder Electoral para impedir la actuación de los testigos de la alternativa democrática.
Estas irregularidades, señala, son motivo suficiente para que el candidato presidencial Henrique Capriles Radonski solicite la auditoria del proceso a través de la revisión de los comprobantes de votación, para ser confrontados con las actas de escrutinio.
Asimismo, Mendoza informó que el Comando Simón Bolívar se mantiene como una estructura permanente de la actividad operativa de la política venezolana, la cual ayudará a otros organismos de la Mesa de la Unidad Democrática. El trabajo de ambos organismos no chocará porque la coalición democrática constituye un encuentro de discusión política de todos los partidos de la democracia venezolana.
Peligrosa influencia
Mendoza también se refirió a la conformación del gabinete ejecutivo del presidente Nicolás Maduro, y alertó sobre la preponderancia del factor militar en este equipo de trabajo, cuya misión sería continuar una “política de coloniaje y confiscación de las libertades en Venezuela impulsada por los hermanos Castro desde Cuba”.
El dirigente advierte sobre la rapidez con la cual el nuevo gobierno apuntaría hacia el “pretorianismo totalitario y autoritario”, mediante el cual se harían a un lado la Constitución nacional y las instituciones para dar paso a la imposición del “comando político-militar” para entregar el control de la sociedad al sector castrense.
