Los apretados resultados de la votación para ocupar el cargo del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez han provocado lo que líderes de la oposición y de derechos humanos califican de una ofensiva del gobierno contra los empleados públicos que votaron contra el sucesor nombrado por Chávez o no mostraron apoyo suficiente al partido de gobierno.
La votación reveló un cambio profundo en el apoyo popular a los aliados de Chávez en momentos en que problemas como la escasez de alimentos, una inflación desenfrenada y la delincuencia, así como la ausencia del famoso carisma personal de Chávez, hicieron que cientos de miles de venezolanos respaldaran a la oposición por primera vez desde que Chávez asumió el poder hace 14 años.
Fue un comienzo ominoso para el gobierno de Nicolás Maduro, que batalla por escribir el segundo capítulo de las transformaciones socialistas del país en medio de problemas económicos cada vez más fuertes y una amplia división en una burocracia y una población que otrora respaldó a Chávez con fuerza.
Varios altos funcionarios del gobierno han discutido abiertamente la penalización de la deslealtad entre los empleados del gobierno. Además, la organización de derechos humanos de la oposición dice que ha recibido más de 300 denuncias de personas despedidas de sus empleos en el gobierno por sospechas de que votaron por el candidato opositor Henrique Capriles, que perdió a manos de Maduro por sólo 1,8 puntos porcentuales en los resultados oficiales. Aproximadamente mil empleados públicos más se han quejado de intimidación de supervisores y amenazas de castigo por apoyar a la oposición, dice la comisión de derechos humanos de la oposición que ha recibido las denuncias.
«Eso es mentira. Dile a la prensa que no mienta tanto», declaró la semana pasada a la Associated Press el ministro de Petróleo Rafael Ramírez. «Esos son agentes de la oligarquía. Es la oligarquía dueña de medios. Eso es falso. No obligo aquí a nadie. No tenemos manera (de saber el voto). El voto es secreto. No podemos (saberlo), no sabemos, no queremos. Nuestra ética no nos lo permite».
Sin embargo, esas negativas chocan con un video colgado el sábado en YouTube que muestra al ministro de Vivienda, Ricardo Molina, reunido con supuestos trabajadores de su entidad, en que exige completa lealtad política a pesar de la prohibición jurídica de sancionar a los empleados del gobierno por sus creencias políticas.
«No me importa en absoluto lo que dicen las leyes laborales», afirma Molina en voz alta. «Cero tolerancia. No acepto que aquí nadie hable mal de la revolución, que nadie venga a hablar mal de Nicolás», afirmó.
Y agregó: «No lo acepto. Que renuncien, porque si no renuncian yo mismo los voy a botar».
No está claro si el video se grabó subrepticiamente, pero la persona que lo colgó no respondió a una solicitud de comentario de la AP a través de YouTube.
La portavoz de Molina dijo que su despacho emitiría una declaración oficial sobre el asunto, pero no lo hizo, y tampoco respondió a varias llamadas telefónicas.
«Parece que están teniendo algunas dificultades para mantener la unidad, que es lo que uno esperaría con la débil posición de Maduro», dijo Maxwell Cameron, director del Centro para el Estudio de Instituciones Democráticas en la Universidad de Columbia Británica.
«Chávez era un factor clave en mantener tanto la disciplina interna de su coalición como en atraer a una amplia gama del electorado».
Odalis Monzón, legisladora chavista en el estado de Vargas, al norte de Caracas, dijo en Twitter que comenzó «a mirar con lupa» a gente en su distrito y que se eliminará la asistencia a los empleados del gobierno que se determine que impugnaron las resultados de las elecciones, incluidos los que participaron en las protestas de cacerolazos convocadas por Capriles.
«Comencé a meter la lupa aquí en Vargas muchos que están en las Misiones Sociales e instituciones del estado tocando cacerolas no pidan cacao», expresó la cuenta de Twitter enlazada con la página de Internet de su banca en el Congreso.
La oficina de Monzón estaba cerrada el lunes y no fue posible contactarla para que comentara sobre el tema.
En otro ejemplo de llamado a la lealtad, José Rodríguez, secretario del sindicato de trabajadores metalúrgicos, leal al gobierno, apareció en otro video amateur en Internet y pidió crear una lista negra similar a la compilada por el legislador chavista Luis Tascón, quien publicó los nombres de los venezolanos que supuestamente firmaron una petición en apoyo al referendo revocatorio que tuvo por fin exigir la renuncia a Chávez en 2004.
«íLimpieza! íLimpieza!», gritaron los trabajadores en el video.
Delsa Solórzano, la coordinadora de derechos humanos de la oposición, dijo que hay quejas de intimidación a trabajadores de empresas estatales, entre ellas la petrolera PDVSA y la compañía de telecomunicaciones CANTV, así como de los despachos de gobernadores oficialistas en los estados Zulia y Vargas, entre otros.
Solórzano dijo que empleados de la CANTV recibieron llamadas telefónicas de personas que se hacían pasar por encuestadores y que a los que se expresaron contra el gobierno después les preguntaron sus opiniones sobre varios problemas del país. Los que dieron respuestas críticas al gobierno después fueron acosados en sus centros de trabajo y les dijeron que podían perder el empleo, dijo la coordinadora, quien agregó que algunos en otras oficinas estatales fueron despedidos sencillamente por sospecha de haber votado por Capriles o participado en cacerolazos de protesta.
Solórzano dijo que ninguna de las personas que se quejaron estaba dispuesta a ser identificadas porque temían más represión.
Sin embargo, Ronny Andreína Mejías, de 47 años y madre divorciada con dos hijos, es una de las pocas empleadas públicas que han expuesto su caso.
Desde que comenzó a trabajar el año pasado en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, dijo que nunca ha ocultado sus inclinaciones por la oposición. Eso incluyó negarse a pagar una donación recomendada de un día de salario al partido socialista de Chávez, a pesar de una solicitud de un pago «voluntario» enviada por correo electrónico por funcionario del ministerio, dijo Mejías.
El 10 de abril, dijo, sus opiniones políticas le costaron el empleo. Sin embargo, un portavoz del ministerio afirmó que su contrato sencillamente había expirado y las autoridades habían decidido no renovarlo por razones no relacionadas con su postura política. Mejías dijo que ha apelado su despido a un inspector estatal del Trabajo.
«En ningún momento oculté mis preferencias políticas», dijo Mejías y según sus jefes «ese fue mi gran error, no haber ido a las marchas, no haber pagado del día de salario», afirmó. «Yo soy la única que mantiene la casa».
Las pruebas más estrictas de lealtad hacen pensar que el gobierno se siente afectado por los apretados resultados electorales y desesperado por consolidar su otrora enorme apoyo.
Chávez ganó por 11 puntos porcentuales en su última elección en octubre pasado, cuando ya estaba enfermo, en la que derrotó fácilmente a Capriles. Sólo seis meses después, Maduro ganó por menos de 2 puntos porcentuales contra el mismo candidato, a pesar de que encuestas realizadas poco después de la muerte de Chávez le daban a Maduro una ventaja superior a los 10 puntos. Mientras tanto, Capriles agregó 711.344 votos a su total entre los dos comicios.
Capriles alega que Maduro ganó mediante la intimidación a los electores, entre otras irregularidades. Las autoridades electorales ha aceptado auditar el 46% de los votos que no se contaron el día de las elecciones, pero las autoridades han dicho que el resultado final no cambiará de ninguna manera.
Una decena de electores entrevistados en todo el país dieron la misma explicación a su primer voto por la oposición: malestar con la escasez de alimentos, los apagones, la corrupción en el gobierno y el hecho de que Maduro no les cae bien.
Maduro, ex canciller de Chávez que no para de hablar de su mentor, no tiene el mismo carisma, talento para hablar en público o la larga lista de proyectos y propuestas para mejorar la situación en el país. Otro factor, la insatisfacción por el estilo de vida lujoso de altos funcionarios del gobierno, que manejan autos caros y viven en residenciales de lujo, a pesar sus supuestas ideas socialistas.
«He visto cambios, sí, han hecho cambios, pero también veo muchos problemas», dijo Jorge Barrios, un camionero de 51 años en la pequeña ciudad de Tacarigua, a una hora y media de camino de la capital. «Antes nunca había que hacer fila para comprar leche o azúcar. Siempre se conseguía mantequilla, aceite de cocina y azúcar. Ahora hay que hacer tres o cuatro horas de cola, y a lo mejor ni siquiera puede comprar azúcar, aceite o café».
Los electores entrevistados reconocieron que muchos de los problemas del país comenzaron bajo Chávez, pero culparon a funcionarios de gobierno de bajo nivel del Partido Socialista Unido de Venezuela. Explicaron que habían mantenido la fe en la capacidad de Chávez de crear en el país una utopía socialista donde la riqueza del Estado se distribuyera equitativamente entre todos los venezolanos.
«Chávez tenía proyectos económicos, proyectos para mejorar la producción, un proyecto de educación», dijo Miguel Marcano, electricista de Valencia. «No sabíamos mucho de Maduro. No sé cómo será en calidad de líder».
