El acto extremista en la maratón de Boston y el pedido de que se recuenten los votos en Venezuela, demuestran la relevante complementariedad entre el periodismo y las redes sociales, y la potencialidad de los ciudadanos de convertirse en periodistas.
Pero lo que podría ser una buena noticia, tal vez no lo sea tanto, si se considera que el proceso de comunicar también requiere asumir responsabilidades. Los periodistas ya no son los únicos a quienes achacar errores, falta de precisión o violar normas éticas y de buenas costumbres.
Los usuarios de redes sociales, asumidos como periodistas cívicos, también están expuestos a violar normas y cometer abusos.
La tragedia de Boston mostró lo negativo y positivo de las redes sociales.
Mientras los medios tradicionales como el Boston Globe, CNN, AP y Univisión informaban con cautela, evitaban mostrar primeros planos de las víctimas y debatían diferencias entre terrorismo internacional o extremismo doméstico, los usuarios, sin ningún tipo de cuidado, subían a Twitter, Facebook o YouTube videos, imágenes y comentarios explícitos y sensacionalistas que se hicieron virales en cuestión de segundos.
En lo positivo, los usuarios no solo deglutieron noticias a través de los sitios de medios tradicionales, sino que los fiscalizaron, señalándoles errores y exigiéndoles coberturas más moderadas. Y como no había sucedido en los atentados de Nueva York, Londres o Madrid, las imágenes captadas con
teléfonos móviles sirvieron de testimonio y evidencia en las investigaciones policiales que dieron con los responsables este viernes, así como para contactar amigos en el medio del espanto, expresar solidaridad a la distancia y advertir sobre mayores peligros.
Quedó demostrado que en eventos espontáneos, las redes sociales cumplen un papel valioso y hasta los periodistas las usan como herramientas para mejorar su trabajo, como la nueva aplicación Vine de Twitter para recopilación y distribución de videos cortos. Pero cuando se trata del
debate público sobre temas complejos y polémicos, el terreno se vuelve fangoso.
La discusión sobre control de armas o la reforma migratoria en EE.UU., la «democratización» de la justicia que pretende el gobierno argentino y las recientes elecciones de Venezuela, mostraron a las redes sociales convertidas en una gigantesca cloaca por donde pasaron insultos, ataques y
amenazas.
En Venezuela, Twitter sirvió de campo de batalla y para disparar las tensiones. Henrique Capriles pidió que se contaran de nuevo los votos de una elección que huele a fraude, calificando a Nicolás Maduro de ilegítimo. Este
le contestó que lo encarcelaría por fascista y por llamar a la insurrección.
Los usuarios de un bando subieron fotos con cajas de votos quemándose, pero de elecciones pasadas, con la intención de azuzar y confundir, mientras que del otro, los cibermilitantes oficialistas amenazaron defender con armas la
revolución.
Estos hechos muestran que así como las redes sociales han democratizado la comunicación y generado una importante cultura de la denuncia, también ayudan a generar caos. En este mundo de híper información resulta cada vez más difícil distinguir entre fuentes confiables o activismo militante, entre verdades y mentiras, entre periodistas y mercenarios, entre usuarios honestos y quienes se escudan en el anonimato con evidente cultura bipolar, como queriendo separar su vida personal de la virtual.
La gran discusión ahora alrededor de las redes sociales y de las compañías que manejan estas plataformas, es sobre qué tipo de estándares pueden adoptarse para orientar una conversación pública más respetuosa y positiva, así como la que los medios tradicionales fueron adoptando en su historia.
Las mejores propuestas implican métodos para la autorregulación y, en especial, programas de alfabetización sobre cultura digital e impacto de las comunicaciones.
Pese a todo lo negativo, a la desinformación, la polarización y la invasión de la privacidad que las redes sociales pueden generar, es evidente que es mucho mejor vivir con ese libertinaje a convivir con el silencio. Es
preferible el griterío a tener que soportar a gobiernos como los de Cuba, China o Irán, que prohibiendo las redes sociales y encarcelando a sus usuarios, buscan controlar la conversación.
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