Al calor de la crisis política que atraviesa el país, de la cual se ha desprendido un profundo sentimiento de indignación en chavistas y opositores, el doctor Jorge Rosell, co-redactor del Código Orgánico Procesal Penal, profesor universitario y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, acercó a la Redacción de este centenario su opinión, con la esperanza de convocar a quienes ostentan el liderazgo político en el país a reflexionar acerca de lo que se ha dejado de hacer o se hecho mal, en detrimento de la paz ciudadana.
Fustigó férreamente a los representantes del Gobierno, por sus intenciones demostradas de persistir en su postura de “atropellar” a los venezolanos con todas las armas posibles.
A su juicio, la mitad de los venezolanos está en un callejón sin salida, debido a las trampas del oficialismo. Por una parte -analizó-, se le quitó el derecho de manifestar públicamente a través de la amenaza de infiltrar las manifestaciones de “malandros” propiciadores de violencia, para responsabilizar a los dirigentes de oposición de las eventuales lesiones y muertes que puedan producirse. Esto se evidencia en las declaraciones de la Fiscal General, publicadas en el diario EL IMPULSO del 17 pasado, que en vez de mantener la independencia que haga creíble el ejercicio de su cargo, de manera soez se somete a las órdenes oficialistas.
“Resulta que el candidato que no resultó favorecido por el pueblo dijo: como tú no me beneficiaste, yo te voy a perjudicar y voy a llamar a las personas para que atenten contra ti, y te voy a matar, te voy a perseguir, te voy a quemar todo lo que sirva para tu beneficio”, precisó Rosell con tono fustigante, antes de enfatizar que “eso lo que están haciendo ahorita”.
Prosiguió su intervención formulándose varias interrogantes reflexivas: ¿Cómo es posible que la representante del Ministerio Público, antes de investigar, impute hechos delictivos a Henrique Capriles? ¿Se procede con imparcialidad cuando atribuye a la oposición la quema de algunas dependencias asistenciales sin tener la menor evidencia de ello?
Se mostró convencido de que, por esta vía, se le quita al venezolano su derecho de manifestar en contra de los abusos que parten del Gobierno y sus cómplices: Tribunal Supremo, Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral.
Institucionalidad perdida
Al doctor Jorge Rosell no le tiembla la voz cuando asegura que la taimada actitud del oficialismo para sellar la “entrampada” situación en la cual se encuentra la mitad de la población venezolana, copa todas las instancias de poder, no teniendo entonces el ciudadano a quien recurrir, a fin de hacer cesar la situación jurídica infringida.
“Ya la Presidenta del Tribunal Supremo emitió opinión, que por otra parte no se le estaba pidiendo, al decir que la solicitud de recuento de votos no tenía base legal. No hay instancia en Venezuela que mantenga su imparcialidad. Todas están rendidas ante los dictámenes que provienen del Ejecutivo, y lo que es peor, del partido del gobierno, del PSUV”, dijo.
Con sumo lamento, indicó que en Venezuela se perdió definitivamente la institucionalidad porque todos los órganos del Estado conforman una bazofia que ha liquidado la organización republicana en el país.
“Si el Consejo Nacional Electoral hubiera cumplido con su función de árbitro imparcial, nadie dudaría de sus decisiones. Pero resulta que ha tenido una actitud de complacencia grosera con el oficialismo. No se necesita prueba para lo evidente, los hechos notorios no requieren ser probados. No se necesita demostración para concluir que el CNE no es un órgano creíble”.
El por qué de las dudas
Jorge Rosell detalló las razones por las cuales deben ponerse en duda las decisiones del CNE:
-El cierre súbito de la frontera, impidiendo que miles de ciudadanos no pudieran votar en el Táchira, estado en el cual más del 60% votó por la oposición;
-El cierre del consulado en Miami, desde hace años, impidiendo el voto de otros miles, pues el voto en el exterior fue por más del 90% por la oposición;
-La incontrolable conducta de los funcionarios y medios de comunicación del Estado, haciendo campaña electoral, incluyendo “cadenas”, comprendido el día de las elecciones, sin que hubiere el mínimo reclamo del órgano rector electoral.
Tras estas precisiones, insistió en que si a ello se unen las miles de denuncias hechas en relación a la realización de las elecciones ya conocidas, la conclusión es que un recuento de votos es lo sensato, el cual, por otra parte, tiene base legal en los artículos 217 y 219 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, “pues ¿de qué otra forma podría el CNE probar que su palabra es buena, después de la serie de irregularidades y complacencias con el oficialismo?”
Con igual vehemencia, concluyó que el impedir las manifestaciones públicas, el cercenar la posibilidad de recurrir a instancias imparciales para dilucidar las dudas y el contar con un CNE mendaz y a todas luces comprometido con una de las partes en conflictos, es lo que constituye esa situación de “entrampamiento” en el cual viven los venezolanos.
“Es necesario continuar la lucha desde los pocos espacios que nos deja el poder arbitrario, que le quitó la voz a los parlamentarios de la oposición hasta tanto no reconozcan al “ganador”, ¡insólito! Seguir con las cacerolas, programar reuniones en sitios cerrados, como Colegios Profesionales, sedes de partidos, iglesias y cualquier otro sitio en los cuales podamos manifestar nuestros criterios, contando siempre con los medios de comunicación democráticos”.
Agregó que “debemos seguir dando la lucha por el rescate de la democracia, que fundamentalmente se basa en la separación e independencia de los órganos del Estado, en su función principal que es la vigilancia y el control recíproco. Es recuperar la institucionalidad perdida en esta pantomima de revolución que está acabando a la Venezuela republicana”.
