El pasado 15 de abril, organizado por la Oficina Internacional de la Paz y apoyada por la Internacional de Resistentes a la guerra, se celebró el Día Mundial de Acción contra el Gasto Militar, en donde muchos grupos e iniciativas alrededor del mundo rechazaron los altos montos de compra de armas por parte de sus gobiernos, exigiendo que dichos recursos fueran destinados a programas sociales. Nuestro país, cuya atención estaba monopolizada por los resultados de la jornada electoral, tenía mucho que decir ese día pues en los últimos años hemos liderizado, a nivel de América Latina, las importaciones de material de guerra.
Según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (Sipri por sus cifras en inglés), la organización con la mayor base de datos mundial sobre transferencia de armas, Venezuela es el único país de América Latina que aparece entre las 20 naciones que más adquirieron equipamiento bélico entre los años 2008-2012. En ese período nuestro país, ubicado en el puesto 13 del ranking, habría importado el 2% del total de venta de armas a nivel mundial, una cifra no menor si es comparada con la India, que siendo la mayor compradora acaparó el 12% de las transferencias bélicas a nivel planetario.
Durante el año 2012 Venezuela importó armamento por una cantidad de 643 millones de dólares, un 6.8% más que lo gastado un año antes, cuando pagó 602 millones de dólares por las armas adquiridas en el 2011. El 63.7% de las armas compradas el año pasado fueron adquiridas a Rusia (410 millones de dólares), 17.8% a China y un 8.5% a España. Otros montos menores fueron negociados con Ucrania, Holanda, Alemania y Suiza. Comparando el monto global con la Ley de Presupuesto 2013, el gobierno venezolano gastó más dinero en compra de armas que en instituciones que afirma son sus abanderadas en las políticas sociales, como el Ministerio de Comunas y Protección Social, Agricultura y Tierras, así como Vivienda y Hábitat. De hecho, nuestra carrera armamentista gastó 3 veces más en armas que en el Ministerio del Servicio Penitenciario, 3.5 veces más en equipo bélico que lo destinado a deportes y cultura, 9.3 veces más en armamento que lo destinado al ministerio de mujeres y 19.6 veces más en instrumentos para la guerra que lo destinado para el ministerio de pueblos indígenas.
Por otro lado en junio del 2005 Venezuela adquirió 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 (una variante del clásico AK-47) a la Federación Rusa en una transacción por valor de 54 millones de dólares. Según las notas de prensa el objetivo era introducir dicho fusil de asalto “como arma de uso común en la Fuerza Armada Nacional”. La orden de compra incluyó accesorios: 74 millones de cartuchos calibre 7,62×39 mm, 2 mil juegos de repuestos, 50 juegos de calibradores, 2 mil manuales de empleo y 5 simuladores unificados para entrenamiento de tiro con el fusil. El negocio, además, incluía la transferencia de tecnología con lo que Venezuela se convertirá en el único país fabricante de AK-47 y sus variantes en la región. El seguimiento del convenio ha sido difícil por la opacidad de las informaciones. Ha sido el embajador de la Federación Rusa en Caracas, Vladimir Zaemskiy, quien recientemente anunció que la fábrica criolla de AK-47 comenzaría a operar en el 2012: “Siendo optimistas”, declaró el diplomático, “esperamos que la obra esté culminada a finales de este año o principios del año entrante”. En un informe realizado en el año 2006, Amnistía Internacional calificó a los fusiles Ak como “la máquina de matar preferida en el mundo”.
El pasado 15 de abril circuló una declaración suscrita por más de 15 organizaciones pacifistas y de derechos humanos regionales, solicitando “no gastemos más en armas que no hacen más que ir en contra de nuestros pueblos y hace que las gigantescas sumas de dinero que van al gasto militar no puedan ser usadas para el gasto social, tan necesario en nuestra región”. El nuevo gobierno tiene oportunidad de sacar al país de la lista mundial de mayores compradores de armas, promoviendo verdaderas políticas de desarme y dando ejemplo de una cultura de paz y convivencia.
