La diputada Delsa Solórzano, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), denunció que desde el pasado lunes 15 de abril hasta la fecha se han registrado más de mil denuncias por acoso laboral en los organismos públicos del país.
Además, refirió que alrededor de 259 personas han sido privadas de libertad, tras el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los resultados comiciales, bajo los delitos de rebelión, agavillamiento, instigación a delinquir y terrorismo. «Lo más grave es que entre los detenidos se encontraban menores de edad, a quienes se les violentaron sus derechos», acotó.
«En el estado Carabobo fueron detenidas 91 personas, en este momento se encuentran en libertad; 44 en Barinas, hoy sólo 11 libre; 70 en Lara, quienes además fueron torturados, hasta ahora sólo 6 ciudadanos libres en la entidad; en Monagas 35 privados de libertad, en Táchira 17 y 2 en Sucre», especificó tras señalar que aquellos que fueron dejados en libertad deben cumplir con un régimen de presentación.
Añadió que los que aún permanecen detenidos no han sido presentados ante los tribunales. «Nicolás, mientras tanto eres el presidente eres responsable de darle un parao a todos estos atropellos que se están cometiendo en el país contra los venezolanos», expresó.
Solórzano informó que las denuncias serán remitidas a los organismos correspondientes en Venezuela, pero también presentadas ante las instancias internacionales. «La violación a los derechos humanos no puede quedar impune. Recordamos que estos hechos no prescriben», indicó.
Por último, recordó que está abierto un canal de comunicación para los empleados públicos que han sido amenazados o despedidos por razones políticas: [email protected].
Cese de persecuciones
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Rodríguez afirmó que el cese inmediato de las persecuciones contra los empleados públicos, manifestantes, dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales, debería ser el primer gesto de intención de diálogo del juramentado presidente Nicolás Maduro.
«Los informes del Foro Penal, de Provea, de Cofavic y otros que van conociéndose por vías particulares y las redes sociales, sobre los tratos crueles a que son sometidas las personas que estuvieron o que están detenidas por haber ejercido su derecho a manifestar, deben llamar la atención de quien este 19 de abril juró por el derecho a la justicia y a la paz consagrado en la Carta Magna, para que instruya de inmediato un cese a las hostilidades por razones políticas.
Estamos plenamente de acuerdo en que las muertes, las lesiones y daños a instalaciones, deben ser investigadas y sancionadas porque nunca promoveríamos la impunidad, pero no se debe permitir que desde los mandos políticos se enjuicie y se condene generalizadamente por el sólo hecho de disentir del pensamiento del gobierno o de protestar y exigir respuestas sobre tantas irregularidades electorales. La persecución y discriminación por motivos políticos también son delitos de Lesa Humanidad y Maduro debe ordenar su cese inmediato”, recalcó.
Más de 200 denuncias
A su vez, el presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció que han recibido más de 200 denuncias de represión y detenciones por protestas pacíficas. «Hay un esquema represivo establecido entre el 15 y 16 de abril.
En Valencia se registraron 77 detenciones ilegales y 41 en Barinas», dijo Romero tras informar que presentarán dichas denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y ante La Haya.
Además, reveló que no han conseguido pruebas sobre las 8 personas que dice el gobierno fueron asesinadas por violencia política entre los días 15 y 16 de abril. Añadió que la mayoría de las personas detenidas durante las protestas fueron dejadas en libertad.
