Venezuela iniciará la semana próxima la auditoría de los comicios que dieron ganador a Nicolás Maduro, respondiendo en parte a una solicitud de la oposición, si bien el órgano electoral advirtió que la revisión no revertirá el resultado de las elecciones.
Luego de que el organismo electoral accediera el jueves a realizar, parcialmente, la auditoría que reclamaba el opositor Henrique Capriles, quien perdió hace una semana por un margen de 1,8% de los votos, el procedimiento fue objeto el sábado de un nuevo cruce de desentendidos entre gobierno y oposición.
La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, llamó a «no crear falsas expectativas sobre lo que es una auditoría, que de ninguna manera revierte el resultado electoral», y remarcó que una eventual impugnación debe realizarse en una instancia judicial.
Oblitas insistió en que en Venezuela no existe el recuento de votos, porque éstos son emitidos de forma electrónica, y que en cambio se contrastarán los comprobantes de sufragio, que son físicos, frente a las actas electrónicas producidas por la máquina. Estos documentos dan cuenta del total de los votos emitidos en un centro de votación, pero no registran voto a voto.
Capriles, quien había aceptado la decisión del CNE de realizar la auditoria de una muestra de las urnas, rechazó la salvedad que hizo Oblitas el sábado diciendo que «el pueblo no es tonto» y exigió el recuento entonces de los cuadernos de votación, es decir del padrón electoral. Allí se registra a los votantes inscritos y si acudieron o no a las urnas.
Enroscados en los intríngulis de este complejo sistema, las partes no parecían ponerse de acuerdo sobre el alcance de la auditoría cuyo inicio está previsto la semana próxima, en una fecha aún sin precisar, luego de que se defina el lunes el protocolo a realizar.
Maduro, un exconductor de autobús que llegó a ser canciller y vicepresidente, fue investido el viernes como el «primer presidente chavista de la historia» bajo la aprobación de una veintena de mandatarios, los vítores de miles de seguidores y el metálico ruido de fondo de las caceroladas de la oposición.
La gestión de sus primeras horas como presidente tuvo la aprobación del 41,6% de los venezolanos, frente a un 37,7% que la desaprobó, según una encuesta de Datanálisis divulgada a última hora del sábado.
Pero, al mismo tiempo, el 70% de los encuestados consideró que Capriles tiene derecho a que se revisen los votos, mientras el 58,2% estimó que éstos deben auditarse. La encuesta fue realizada a 657 personas, entre el 18 y el 19 de abril, precisa el informe de Datanálisis.
Se espera además que Maduro informe de un momento a otro la composición del gabinete de su «gobierno de calle», como califica al que, al parecer, consistirá en un gobierno basado en la microgestión y en recorridos en autobús por el territorio nacional.
«En la tarde terminaré de completar el equipo de gobierno. Pendientes», escribió el sábado en Twitter el heredero de Hugo Chávez, quien prometió profundizar la revolución e implementar más programas de ayuda social, como por ejemplo la restauración de barriadas populares ya establecidas.
Cruce de acusaciones
Entretanto, ambas partes se responsabilizan mutuamente por la violencia desatada tras las elecciones del domingo, luego de que Capriles desconociera la victoria de Maduro y sus seguidores salieran a las calles a manifestarse. Las protestas dejaron 8 muertos y 60 heridos, según el gobierno.
Luego de que Capriles cancelara una marcha prevista para el miércoles, debido a que Maduro anunció que no permitiría su realización por razones de seguridad, la oposición se replegó en sus casas y blandió cucharas como medida de protesta.
Desde el lunes hasta el viernes, los habitantes de Caracas hicieron sonar sus cacerolas, mitigadas en parte por el estruendo de los fuegos artificiales que el gobierno propuso estallar en respuesta, lo que convirtió la ciudad en una competencia por la supremacía del volumen.
En medio de este inflamable clima político, una diputada opositora denunció el sábado la detención de 242 manifestantes, 70 de los cuales supuestamente fueron torturados, y el hostigamiento de un centenar de empleados públicos por razones políticas.
Los manifestantes fueron detenidos por delitos, entre otros, de «porte ilícito de cacerolas (…), rebelión, obstrucción a la vía pública y terrorismo», denunció la diputada Delsa Solórzano en conferencia de prensa.
En tanto, la estatal Defensoría del Pueblo de Venezuela reiteró el sábado sus denuncias sobre actos vandálicos de la oposición en centros médicos populares y centros de expendio de alimentos subsidiados.
«Hago un llamado a la reflexión, a que no oigan los llamados a la violencia», pidió la defensora Gabriela Ramírez, mostrando fotografías de instalaciones quemadas o grafiteadas, y acusando a la oposición de haber incitado a la violencia cuando llamó a protestar «en medio de la denuncia de un supuesto fraude» electoral.
El papa Francisco afirmó este domingo, tras la oración Regina Caeli celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que sigue «con atención» y «mucha preocupación» la crisis en Venezuela e invitó «al querido pueblo venezolano, y en particular a sus responsables institucionales y políticos, a que rechacen firmemente toda violencia y establezcan un diálogo basado en la verdad, el reconocimiento mutuo, en la búsqueda del bien común y en el amor por la nación».
Maduro tiene como tarea urgente enderezar la economía, dependiente de la renta petrolera y las importaciones, afectada por la inflación, la escasez y la falta de divisas; y combatir la inseguridad en el país sudamericano con récord de homicidios -54 por cada 100.000 habitantes, según cifras del gobierno.
