Tras el pronunciamiento de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien decidió el pasado jueves autorizar la verificación del 46% de las urnas restantes que no fueron auditadas el domingo 14 de abril, se conversó ayer con juristas tanto de la oposición, como del oficialismo, para conocer a mayor profundidad lo que esta decisión implica para cada parte, y cómo se enmarca en relación a la afirmación de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, sobre la inconstitucionalidad del conteo manual de votos.
Al respecto, el abogado constitucionalista, Pedro Troconis, explicó: «Hay que partir del error expresado por la presidenta del TSJ en materia electoral, quien afirmó que la máxima autoridad jurídica en este caso es la Sala Electoral, lo cual es errado, pues existe también una Ley Orgánica de Procesos Electorales, mientras que en la Constitución Nacional sólo se contemplan aspectos básicos como el derecho al sufragio, y cómo se eligen los funcionarios a cargos públicos.
La principal magistrada de la Sala Constitucional debería conocer esto mejor que nadie. Considero que su error pudo deberse a una omisión, pero quizás también fue intencional, con la finalidad de confundir a la población».
Troconis destacó que en el artículo 201 de la Ley Electoral, se estipula que cualquier ciudadano venezolano puede exigir la revisión de las elecciones. «Aquí en Barquisimeto se recurrió a este derecho, pero como no fue posible entregar la solicitud formal ante el CNE, se hizo uso de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo en la Constitución, para que dicho organismo lo consigne ante el CNE. Por tal motivo el martes 16 de abril se logró el objetivo», precisó, aclarando que la normativa electoral permite la entrega de recursos jerárquicos ante el CNE.
“Por otra parte, en la Sala Electoral sólo se decide cuándo se agotan los recursos administrativos”, comentó, resaltando que con lo afirmado por la presidenta del TSJ, se dio a entender que para presentar una solicitud de auditoría de votos, era necesario agotar los recursos judiciales, antes que los administrativos, cuando en realidad es al revés. “Agotar el recurso administrativo es la manera más expedita, desde el punto de vista legal, para lograr la respuesta que se consiguió del CNE el pasado jueves, la cual nunca habría dado de manera voluntaria. El acuerdo a la revisión de votos, en un porcentaje tan alto, 46%, es prueba de que los documentos consignados en Barquisimeto y Caracas surtieron el efecto estipulado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales”, concluyó.
El TSJ no se equivocó
Por su parte, John Sánchez, síndico procurador del municipio Crespo, puntualizó que la presidenta del TSJ no se equivocó, pues en ningún momento se ha hablado de totalización de votos, es decir, no se establecería cuántos votos fueron para cada uno de los candidatos presidenciales, sino que al igual que en las auditorías realizadas al final de la jornada electoral el 14 de abril, sólo se cotejará que exista correspondencia entre las actas de escrutinio, los cuadernos de votación y los comprobantes contenidos en las urnas, con respecto a lo que fue transmitido a la sede del CNE, por cada una de las mesas.
“Es exactamente el mismo proceso que se realizó con el 54% de las urnas el día de la elección. Lo que se busca determinar es que no haya irregularidades, como por ejemplo, alguna inconsistencia numérica”, señaló.
Comentó que para solicitar una impugnación de los resultados, se requeriría presentar pruebas bien sustentadas de tales irregularidades, cosa que, aseguró, no ha hecho la oposición, pues el propio Capriles ha hablado sólo de incidencias en relación al voto asistido y al número de máquinas dañadas, “las cuales fueron todas sustituidas, y no impidieron a nadie votar”, agregó.
Sánchez insistió que la decisión del CNE ha obedecido, principalmente, al deseo del ente rector a calmar la agitación que se ha producido en el país tras los comicios presidenciales, y, al mismo tiempo, para mantener el buen nombre del organismo electoral a nivel nacional e internacional. “Es necesario recordar que el 54% de todas las urnas, que ya fue auditado, no arrojó ningún tipo de irregularidad”, expresó.
