La coordinadora de Derechos Humanos de la Unidad, Delsa Solórzano, aseguró que se harán todos los trámites necesarios para denunciar todas las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno por la serie de protestas en contra del presidente Nicolás Maduro. La lista de violaciones inicia con la tortura de personas que protestaron en Lara y otros puntos del país así como el amedrentamiento a empleados públicos por votar por Capriles.
En rueda de prensa la dirigente y diputada indicó que han recibido un centenar de denuncias a través del email [email protected], entre ellas una persona que trabajaba para la Gobernación del estado Vargas «por tener dudas sobre por quién votó».
Solórzano, también informó que la diputada Odalis Mozón (PSUV) dijo estar «metiendo la lupa» a beneficiarios de las misiones sociales que tocaron cacerolas después de conocer los resultados de las elecciones presidenciales.
También señaló que las «maestras de todo el país están recibiendo comunicados que si no firman jurándole lealtad a Nicolás Maduro serán despedidas». Estas situaciones estarían presentándose en circuitos judiciales de todo el país, así como en sedes de la Fiscalía y tribunales. «El acoso laboral es una realidad hoy, nosotros les decimos hoy gracias por ser valientes, gracias por participar en el triunfo de Henrique Capriles en las elecciones presidenciales (…) Ustedes no están solos, manténganse firmes en sus lugares de trabajo».
«Hay funcionarios que tienen años de carrera administrativa y nunca se les preguntó por sus preferncias políticas», dijo sobre las situaciones presentadas en el estado Zulia.
Cacerolazos terminan en imputaciones por terrorismo
La también vicepresidente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Delsa Solórzano, denunció que 185 venezolanos fueron detenidos entre los días 15 y 16 de abril por participar en protestas que exigían un recuento «voto a voto» de las elecciones presidenciales.
Criticó que la mayoría de los detenidos privados de libertad, fueron liberados «bajo régimen de presentación, es decir, ciudadanos trabajadores de Venezuela van a tener que pedir permiso en sus trabajos para persentarse en los tribunales».
Los delitos que les imputan son «agavillamiento, rebelión, obstrucción a las vías públicas y terrorismo». «Nosotros no sabíamos que tener una cuchara y una olla era terrirorismo», dijo y señaló que en Carabobo hubo 71 detenciones, 44 en Barinas y 70 en Lara, donde se presentaron casos de tortura.
Resaltó que en Lara, hubo «torturados» porque «a los jóvenes los obligaban a ponerse gorras del 4F y a cantar consignas favor de Maduro, si no lo hacían los golpeaban». Además, agregó que acudirán a todas las instancias del mundo para denunciar violaciones a los Derechos Humanos de los venezolanos que protestaron en las calles.
Solórzano acotó que un estudiante, integrante de UNT, está detenido en Maturín, por eso exigió la liberación de Ángel Aristimuño «a quien le han violado sus derechos humanos y políticos».
Investigación en Cumanacoa
Sobre el asesinato de Hender José Bastardo (21 años) en Cumanacoa, estado Sucre, en la noche del 15 de abril, Solórzano denunció que los hermanos José (23 años) y Rodrigo Hernández (25 años) se encuentran detenidos desde el pasado jueves, acusados como presuntos responsables, y exigió que se hagan las investigaciones correspondientes.
La dirigente de la MUD explicó una versión de los hechos diferente a la informada por el gobierno nacional. «Hubo un cacerolazo desde las a fueras de la urbanización, una urbanización cerrada, (Los manifestantes) fueron agredidos por un grupo de motorizados, llamaron a la policía, y cuando la policía llegó ¡Oh Sorpresa! Fueron detenidos estos dos jóvenes», dijo.
Criticó que Nicolás Maduro mostrara la foto de los jóvenes durante su juramentación, acusándolos como culpables de homicidio, antes de que se pronunciara el tribunal correspondiente en Sucre. «Lo que no puede ser Nicolás es que tu ayer mostraste las fotos de los detenidos que aún ni siquiera se han presentado ante los tribunales, tú estás encargado de la presidencia pero no eres juez (…) Se les han violado los derechos constitucionales».
