Aunque por ahora no cuenta con pruebas, la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que esa institución no descarta la posibilidad de abrir una investigación contra Henrique Capriles Radonski y su comando de campaña, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia que se han suscitado en el país los últimos tres días.
«Aquí no se descarta ninguna posibilidad, incluso contra aquellas personas que gocen del antejuicio de mérito, vamos a intentar las acciones que correspondan, porque el Estado debe garantizar a los ciudadanos la paz, la tranquilidad, la seguridad y la convivencia sana, pues no puede el venezolano estar viviendo en una situación de zozobra e intranquilidad», manifestó en rueda de prensa.
Al mismo tiempo, amenazó con solicitar medidas cautelares en el marco de la investigación.
«Los hechos ocurridos en el país pudieran estar configurando los delitos de instigación al odio, desobediencia de las leyes, rebelión civil. Si nosotros comprobamos que estas personas articularon para actuar vamos a aplicar asociación para delinquir y vamos a solicitar la incautación de los bienes propiedad de esas personas y congelación de las cuentas», indicó.
Instigación
A pesar de no manejar un hecho concreto, la funcionaria del Poder Moral responsabilizó directamente al candidato de la oposición, quien ha cuestionado la legitimidad del resultado electoral que proclamó a Nicolás Maduro como ganador de la contienda electoral del domingo.
«A través de un medio de comunicación incita a la ciudadanía a tomar acciones de calle», expresó Ortega.
«Resulta que el candidato que no resultó favorecido por el pueblo dijo, como tú no me beneficiaste yo te voy a perjudicar y voy a llamar a las personas a que atenten contra ti, y te voy a matar, te voy a perseguir, te voy a quemar todo lo que sirva para tu beneficio, porque es eso lo que están haciendo ahorita», agregó.
Más tarde, al ser cuestionada sobre si poseía el video u otra evidencia que probara que el gobernador de Miranda se habría expresado en dichos términos, Ortega cambió la versión.
«Yo no dije que el candidato hubiese dicho eso; estoy diciendo que hay un grupo de personas incitando al odio. Hay un grupo de personas llamando a la desestabilización cuya conducta pudiese revestir carácter penal», subrayó.
El escenario
Siete muertos, 61 heridos y 135 personas detenidas es el saldo de la explosión de violencia a raíz de las protestas ciudadanas levantadas en las principales ciudades del país contra el presunto fraude electoral.
El Ministerio Público abrió una investigación por estos hechos, que según la fiscal general son responsabilidad de seguidores de Henrique Capriles.
Los detenidos, serán presentados las próximas horas ante los tribunales respectivos, por fiscales «que van a actuar con mucha objetividad y transparencia», en atención a sus derechos humanos.
Entre los lesionados hay una persona a quien intentaron quemar viva. Además, la fiscal general reportó que 11 fueron funcionarios policiales y de la Guardia Nacional.
Igualmente, la funcionaria señaló que varios CDI y otras instalaciones del gobierno fueron incendiados, entre ellos «tiendas de la Cantv, hospitales, mercales, pdvales, consultorios médicos, muchas tiendas, negocios y casas de habitación que son propiedad privada», dijo sin precisar.
«Fíjense los niveles de agresividad y de violencia que en este momento tienen un grupo de personas (…) El argumento es que el pueblo no favoreció en las pasadas elecciones a un determinado candidato, es decir, porque el pueblo no me favoreció a mí, yo voy a atentar contra el pueblo», expresó la cabeza del MP.
Negación de la otra cara
De acuerdo con la titular de la vindicta pública, Capriles no ha acudido al Consejo Nacional Electoral para interponer sus objeciones y agotar la vía «administrativa», lo que cuestionó. «O sea, por ósmosis será que el CNE se va a enterar», expresó.
Por otro lado, Luisa Ortega aseguró que desconoce cuáles son los argumentos «técnicos, válidos» para «desconocer la voluntad del pueblo».
Al ser cuestionada sobre si el Ministerio Público abrió una averiguación sobre las más de 3 mil incidencias que posee Capriles como base para exigir una auditoría, la fiscal general de la República refirió que eso se trata de competencia administrativa que corresponde al órgano electoral y no a la Fiscalía, que sólo se ocupa de delitos penales.
En relación con la actuación de motorizados identificados con el oficialismo que rondaron los centros de votación, esto fue lo que dijo:
«Quien tenga conocimiento de un hecho punible tienen que formular una denuncia ante el Ministerio Público, porque si estos motorizados, afectos o no al Gobierno atentaron contra la seguridad de las personas, también los vamos a investigar».
