Una sentencia emanada del Tribunal Segundo del municipio Iribarren ordena a la empresa Hidrolara permitir el acceso de camiones cisternas, de 19 consejos comunales del oeste de la ciudad, al llenadero ubicado en el kilómetro 11 en la vía hacia Quíbor.
La acción se ejecutará hoy con la presencia de efectivos de la Guardia Nacional, la Defensoría del Pueblo y las comunidades beneficiadas.
La defensora del Pueblo, Iris Rodil, dijo a EL IMPULSO que ellos estarán presentes como institución para defender y promover los derechos humanos.
Destacó Rodil, que la Defensoría escuchó y acompañó a los demandantes hasta que se llegó a una decisión por parte del tribunal, creando un significativo precedente frente a esta situación.
Aseveró que a su despacho todos los días llegan denuncias de todo tipo, especialmente en contra de la hidrológica.
La situación se agravó cuando no se les permitió a los camiones cisternas de estas comunidades el acceso para repartir el vital líquido.
Henri Camejo, miembro de un consejo comunal afectado, dijo haber introducido ante el despacho de Hidrolara diversas peticiones para que les permitiera entrar con sus cisternas al llenadero y nunca hubo respuesta.
Por tal motivo, los voceros de las comunidades afectadas fueron hasta Caracas a reunirse con la ministra del Poder Popular para las Comunas, Isis Ochoa y exigir una solución.
A pocos días de la reunión en la capital el Tribunal Segundo del municipio Iribarren falló a favor de los consejos comunales y ordenó a Hidrolara permitir el acceso de los 19 camiones cisternas al llenadero de agua del kilómetro 11 vía Quíbor.
En segundo lugar se convoca a una mesa de trabajo con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo del estado Lara para coordinar un cronograma para que tenga acceso los camiones cisternas. La sentencia también exige, mientras se resuelve el conflicto, que efectivos de la Guardia Nacional se aposten en el referido llenadero para garantizar el libre despacho del agua.
Según la defensora del Pueblo esta sentencia crea un precedente importante en la solución de problemas que afrontan las comunidades.
EL IMPULSO preguntó a los voceros comunales presentes y a la propia defensora del Pueblo si está pensado cerrar la vía si no se les permite ingresar al llenadero, a lo cual respondió Iris Rodil: “Cerrar las calles afecta derechos de otros, genera molestias, medidas así no son favorables para nadie.” Por último, acotó la defensora que tales acciones sólo resuelven temporalmente algún problema. Pero en este caso es una orden judicial, un mandato del Estado venezolano para que se ejecute una decisión.
Fotos: Ángel Zambrano
